En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el diputado José Rodríguez (PLRA) planteó hoy al pleno solicitar informes a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), cuya presidenta interina es María Galván del Puerto, sobre la reglamentación de la Ley N° 6903, que establece medidas de protección a menores de edad de la influencia de tragamonedas, cuya promulgación fue el 20 de abril pasado. El legislador recalcó que el plazo estipulado en la ley ya feneció.
Rodríguez destacó igualmente la importancia de dicho trámite, caso contrario será “letra muerta”. Cabe recordar que la ley fue sancionada en el Congreso Nacional para frenar el plan de la comisión de “regularizar” la explotación de tragamonedas en locales de libre acceso, aplicada en contra de lo estipulado en la Ley N° 1016/97, del Régimen de Juegos de Azar; el decreto N° 3083/15 y de resoluciones de Conajzar, todas con el objetivo de proteger a la población vulnerable -sobre todo a niños y adolescentes- de desarrollar la adicción a las apuestas.
El diputado mencionó que estas máquinas se encuentran en comercios de libre concurrencia, tales como despensas, kioscos, copetines, bodegas, bares y otros lugares cuya actividad es diferente al del juego de azar. Esta situación genera la oportunidad de “probar suerte” y propiciar la falsa sensación de aumentar la cantidad de dinero que la gente tiene en mano.
Conajzar ignora varios dictámenes
Javier Balbuena, especialista en juegos de azar, lamentó el desinterés del Ejecutivo en cumplir la voluntad del legislativo de poner fin a la explotación masiva de tragamonedas, situación que en otros países no se da como en Paraguay. Estos aparatos son fácilmente manipulables y así se constituyen en un peligro real a que la población desarrolle ludopatía, advirtió.
Recordó que la Contraloría General de la República (CGR), Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y hasta la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) cuestionaron el plan de Conajzar. Luego de la promulgación de la ley de tragamonedas siguieron esa línea la Procuraduría General de la República (PGR) y Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda.
Pese a todas las posturas de las instituciones públicas, la comisión directiva no se pronuncia al respecto. El único y último reporte disponible en su sitio web data del 22 de abril pasado, en el que comunica que trabaja en la reglamentación de tragamonedas. Nada más.
