A pesar de que la Contraloría había exigido la suspensión del proceso licitatorio, por tener indicios de irregularidades, la Conajzar resolvió la semana pasada adjudicar el multimillonario negocio de más de US$ 2 millones mensuales a la firma Daruma Sam SA, vinculada al entorno del presidente Horacio Cartes.
Cabe recordar que la ley orgánica de la Contraloría habla de la obligatoriedad del cumplimiento de las recomendaciones, dictámenes y conclusiones emanadas de este organismo. Al respecto, el subcontralor general, Camilo D. Benítez Aldana, calificó, ante nuestra consulta, de temeraria la decisión del titular de la Conajzar, Javier Balbuena, quien pasó por alto todas las recomendaciones y los pedidos emanados desde la Contraloría y si bien admiten que la CGR no tiene fuerza coercitiva para hacer que se cumplan sus disposiciones, no descartan la posibilidad de denunciar penalmente al titular de la Conajzar por no cumplir la ley.
Sobre el punto, el contralor Enrique García indicó que, definitivamente, la CGR es una piedra en el zapato para algunos funcionarios públicos, de ahí que se resistan a cumplir sus recomendaciones o directamente las ignoren. “La Contraloría es apenas un órgano puesto desde la Constitución Nacional para trabajar la auditoría, fiscalización y control de los recursos públicos por los gestores de la Administración y otros poderes del Estado y no se entiende eso, entonces te llaman para que no hagas tal o cual auditoría o si la hiciste, para que retrases el reporte o para que le aprietes a este, pero no al otro, en fin, hay una cultura de control endeble”, indicó a nuestro diario.
La CGR hizo lugar a tres denuncias presentadas en el citado proceso y la Conajzar simplemente prometió entregar toda la documentación, pero sin detener el proceso.
En este proceso, se descalificó al Jockey Club del Paraguay, cuyo titular, el exsenador Gustavo Pedrozo, confirmó que ya recibió la notificación respectiva y analiza con sus abogados las medidas jurídicas a tomar.
Recaudaciones en juego
El Estado exige un monto mínimo de G. 800 millones por mes, pero aplica un canon del 21% sobre las ganancias, por lo que la recaudación tendrá variaciones. La cifra mínima sufrirá reajustes cada 12 meses.
Se espera que a mediados del 2018 el beneficio para el Estado trepe a, al menos, G. 3.000 millones mensuales. Al respecto, el presidente de Conajzar había informado que el negocio permite una recaudación mensual de alrededor de US$ 2 millones.
Varias son las empresas que hasta esta adjudicación explotaban en forma experimental las apuestas deportivas. Entre ellas está Daruma y otra de nombre Jem. Ambas sostienen una disputa legal por la marca Apostala, lo que abrió la puerta a un enorme tráfico de influencias que salpica a otro político oficialista, Óscar González Daher, su secretario Raúl Fernández y la fiscala Nancy Salomón.
Vínculos con el poder
La empresa Daruma, que actualmente actúa en el ramo de las apuestas deportivas bajo el nombre de Apostala, está ligada muy estrechamente al asesor del presidente Horacio Cartes y candidato a senador Javier Zacarías Irún. El presidente de la compañía, Manuel Lugo, visitó al citado dirigente político en su casa el jueves 25 de mayo pasado.
