Es el acuerdo al que han llegado por unanimidad todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Málaga a partir de una moción planteada por Unidas Podemos, motivada por el frenazo en la modificación del PGOU que tramitaba Urbanismo para aumentar la restricción espacial de estos establecimientos de los 150 metros establecidos por la Junta de Andalucía a 500 metros.

“Estamos encantados de encontrar una fórmula jurídica para avanzar. Todos tendríamos un gesto más de apoyo”, ha asegurado el concejal de Urbanismo, Raúl López, que también ha dado el visto bueno a estudiar una estrategia para conseguir avanzar en la modificación del Plan General para regular la distancia mínima en la ubicación de estos establecimientos de zonas vulnerables.

Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha apoyado instar a la Junta de Andalucía -la autoridad con competencia exclusiva para regular esta actividad- a que modifique “con la máxima celeridad posible” la legislación y normativa autonómica correspondiente a la regulación del Juego y Apuestas en la comunidad autónoma.

Entre los puntos aprobados ha salido adelante también la elaboración de un estudio socioeconómico sobre los locales de casas de apuestas y juego en la capital, además de implementar campañas de sensibilización y programas de prevención de la ludopatía, especialmente en los barrios con una mayor concentración de estos negocios o prohibir los anuncios y la publicidad de empresas vinculadas a las apuestas deportivas en los medios de comunicación municipales, en actividades institucionales o con financiación municipal.

Contexto

El Ayuntamiento de Málaga estaba tramitando una nueva redacción del artículo 6.4.3 Recreativo, del Título VI, Normas Urbanísticas. Disposiciones Generales del PGOU, en el que se regula la compatibilidad  y la situación en la que se desarrollan las actividades recreativas donde se incluyen los salones de juegos, los bingos y los casinos.

No obstante, la Consejería de Hacienda advirtió en un escrito al Ayuntamiento de que esa modificación suponía una invasión de competencias por lo que elevaría el asunto a los tribunales si el ente municipal no desistía.

Desde Unidas Podemos, la concejala Paqui Macías han defendido que el Consistorio “no se debería plegar a los intereses” de la Junta y “luchar hasta las últimas consecuencias” en cuanto a la modificación del PGOU para endurecer las restricciones espaciales a los salones de juego.

Ante esto, el edil de Urbanismo ha aludido al riesgo de enfrentarse a una reclamación patrimonial por parte del sector de estas actividades recreativas lo que implicaría tener que indemnizarles así como a perder la batalla judicial contra la Junta.

“Si somos responsables deberíamos entender que estamos poniendo sobre la mesa reclamaciones patrimoniales que sabemos que vamos a perder”, ha respondido López, al tiempo que ha añadido otro acuerdo apoyado por todos los grupos para instar al estado y a la Junta de Andalucía a que modifiquen la normativa vigente en las casas de apuestas y el juego online, aplicando una regulación “ya sea sobre la concesión de nuevas licencia de apertura, sobre controles de acceso o establecimiento de distancias mínimas”.