Durante casi un siglo, Nevada ha marcado el estándar del juego legal en Estados Unidos. Su liderazgo se ha basado en una alianza sólida entre el estado y la industria regulada, donde los ingresos apoyan servicios públicos esenciales como educación y transporte. A cambio, los operadores —incluidos casinos, casas de apuestas y plataformas online— deben cumplir reglas estrictas sobre edad mínima, monitoreo de integridad y programas de juego responsable para proteger a los consumidores y atender la adicción al juego.

Sin embargo, en el último año ha surgido una nueva amenaza: los llamados mercados de predicción. Bajo una regulación laxa, estas plataformas funcionan como casas de apuestas ilegales, aprovechando vacíos en la supervisión federal. Amparadas por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), ofrecen “contratos de eventos” vinculados a resultados deportivos, que en la práctica son apuestas disfrazadas. Empresas como Kalshi han expandido rápidamente esta actividad, con contratos deportivos que representan la mayoría de su volumen de operaciones.

A pesar de que estas prácticas chocan con las leyes estatales y tribales de juego, los reguladores federales han intervenido poco. Esto genera preocupación por la falta de coherencia regulatoria y por un posible exceso de jurisdicción. Nevada legalizó las apuestas deportivas en 1949, y en 2018 la Corte Suprema extendió esa autoridad a otros estados, pero nunca se otorgó al gobierno federal el poder de regular o autorizar las apuestas deportivas a nivel nacional.

A diferencia de los operadores con licencia, los mercados de predicción no cumplen con las medidas de seguridad establecidas. Permiten la participación de menores de edad, ignoran los programas de juego responsable y carecen de monitoreo de integridad. En algunos casos, incluso se han promovido prácticas como apuestas basadas en información privilegiada, lo que erosiona aún más la confianza y la transparencia.

El resultado es un ecosistema en rápido crecimiento pero sin regulación, que amenaza la integridad de la industria del juego. Sin una aplicación más estricta de la ley, estas plataformas podrían socavar décadas de avances, poniendo en riesgo a los consumidores y priorizando las ganancias por encima de la responsabilidad.