La aprobación de la ley 14.790/23 marca una nueva era para el mercado de apuestas deportivas en Brasil y trae consigo desafíos regulatorios para las instituciones financieras y de pago y las fintechs no autorizadas por el Banco Central.

Desde la regulación inicial de los juegos de azar con el decreto 21.143/1932 hasta la reciente actualización con la ley 14.790/23, Brasil ha visto una evolución significativa en el control y la liberación del mercado de apuestas. La ley 13.756/18 fue crucial para legalizar las apuestas deportivas de cuota fija como un tipo de lotería. La Ley 14.790/23 ha mejorado y ampliado estas bases.

La Ordenanza SPA/MF 561, de 8/4/24, establece la Política Regulatoria y la Agenda Regulatoria para el ejercicio 2024 de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda. Esta ordenanza define como objetivos de la Secretaría el establecimiento de acciones regulatorias prioritarias, proporcionando seguridad jurídica, previsibilidad y eficiencia en el proceso regulatorio, además de buscar promover un ambiente regulatorio estable, transparente y atractivo para las inversiones.

Para ello, las iniciativas regulatorias fueron organizadas en cuatro fases de implementación, teniendo prioridad la Fase I hasta abril/24 y la Fase IV hasta julio/24.

La Ordenanza SPA/MF 615, publicada el 18/4/24, establece las normas generales que deben observarse en las operaciones de pago.

La nueva ley introduce regulaciones para el juego en línea y requisitos estrictos para la gestión financiera de las apuestas, además de garantizar un entorno más seguro, destacando la necesidad de una mayor seguridad en las transacciones y el uso de herramientas avanzadas contra el fraude y el control de las actividades de los apostantes. La ley también aporta ventajas competitivas a las empresas nacionales, al establecer que sólo podrán actuar como agentes de apuestas las personas jurídicas constituidas con arreglo a la legislación brasileña, con sede y administración en territorio nacional.

En lo que se refiere a los medios de pago utilizados para realizar apuestas, los cambios introducidos por los artículos 21 y 22 de la ley 14.790/23 introducen importantes desafíos reglamentarios y operativos. Destaca la prohibición de realizar operaciones de apuestas con entidades no autorizadas, que obliga a las entidades a implantar un sólido sistema de cumplimiento. Este sistema es esencial para garantizar que las operaciones se ajustan a la normativa legal, evitando así la exposición a riesgos legales y sanciones.

Además, sólo las instituciones autorizadas por el Banco Central pueden ofrecer cuentas transaccionales y servicios financieros específicos para apuestas, y está expresamente prohibida la participación de intermediarios o facilitadores de pagos no autorizados por el Banco Central.

También son obligatorias estrictas medidas de seguridad, como la identificación facial y el seguimiento continuo de las actividades de los apostantes. El objetivo de estas medidas es prevenir el fraude e identificar patrones de comportamiento perjudiciales o potencialmente perjudiciales asociados al juego.

En este sentido, la Ordenanza SPA/MF 615/24 estipula que todas las contribuciones y pagos de premios deben efectuarse exclusivamente por medio de transferencias electrónicas entre cuentas previamente registradas por los apostantes y las cuentas transaccionales del agente de apuestas, ambas mantenidas en instituciones autorizadas a operar por el Banco Central de Brasil.

Se prohíbe el uso de dinero en efectivo, talones, cheques, criptoactivos, tarjetas de crédito o cualquier forma de crédito concedido a los apostantes para realizar apuestas. Entre las formas aceptadas están las tarjetas pix, TED, de débito o prepago y las transferencias entre cuentas de la misma institución financiera o de pago.

La ordenanza también prohíbe cualquier tipo de anticipo, pago anticipado, bonificación o ventaja previa, aunque sea meramente a título de promoción, publicidad o propaganda, para realizar apuestas.

Para hacer operativas las transacciones, los agentes operadores deberán mantener cuentas transaccionales, destinadas exclusivamente a la recepción de apuestas y pagos de premios; éstos, a elección del apostante, podrán mantenerse en dichas cuentas para futuras apuestas. Con el fin de garantizar la seguridad de los fondos de los apostadores, se estableció que los saldos de las cuentas transaccionales constituyen patrimonio separado de los agentes operadores, impidiendo que sean utilizados para cualquier fin no relacionado directamente con las apuestas, excepto para inversiones en bonos del gobierno federal, garantizando liquidez y la seguridad necesaria para el pago de premios.

También con el objetivo de garantizar la liquidez de los agentes operativos, la ordenanza obliga a implantar políticas de gestión del riesgo de liquidez, que deben establecer las metodologías de cálculo de los límites de exposición, los planes de contingencia, así como las responsabilidades y procedimientos para hacer frente a situaciones de estrés de liquidez.

El agente operador debe mantener fondos suficientes en las cuentas propias para cubrir los gastos operacionales y los límites de exposición al riesgo, que también pueden ser garantizados por fondos adicionales constituidos por límites de crédito para capital de giro preaprobados con instituciones financieras autorizadas a operar por el Banco Central de Brasil y otras fuentes líquidas de fondos que puedan ser utilizadas por el agente operador en caso de necesidad.

Además, las casas de apuestas deben tener una reserva financiera de al menos cinco millones de reales en custodia en una institución financiera autorizada a operar por el Banco Central de Brasil en forma de bonos del gobierno federal, registrados en la Selic.

Cabe mencionar que los contratos de servicios firmados entre la casa de apuestas y las instituciones autorizadas a operar por el Banco Central de Brasil deben establecer las obligaciones de las partes de cumplir las disposiciones de la Ordenanza.

Con la entrada en vigor de la Ley 14.790/23 y de las Ordenanzas SPA/MF 561 y SPA/MF 615, las instituciones financieras, de pago y fintech se enfrentan a un escenario regulatorio desafiante. Especialmente aquellas fintech que aún no están autorizadas y que operan por debajo de los umbrales de volumen de negocios financieros que requerirían dicha autorización, deberían considerar adelantar este proceso, ya que la obtención de la autorización requiere tiempo y una planificación estratégica detallada, ya que implica varias etapas de verificación y cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

Comprender a fondo los nuevos requisitos legales y aplicar prácticas eficaces de cumplimiento y gestión son pasos esenciales para destacar y garantizar el cumplimiento.

La preparación proactiva y la aplicación de estrategias normativas adecuadas no solo facilitarán el cumplimiento de la normativa, sino que también maximizarán las oportunidades de crecimiento, proporcionándole una ventaja competitiva en el saturado mercado de las apuestas deportivas.
 

Por Bianca Pinto Roder