Así lo informaron medios especializados capitalinos, los que apuntaron que el viernes que recién pasó el ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial el decreto supremo Nº803, el que modifica la reglamentación para la tramitación y otorgamiento de permisos de operaciones de casinos de juegos. 

El documento, conocido a mediados de octubre, posibilita que las empresas casineras puedan dejar las concesiones por razones justificadas y entrega a la superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) un plazo de hasta tres años para llamar y materializar una nueva oferta. En tanto, la empresa que deja la plaza debe pagar por tres años el compromiso económico adoptado en la licitación original. 

Si bien, la iniciativa no fue hecha formalmente en torno a una compañía en particular, es evidente que el mayor beneficiado es Enjoy; empresa que está en su segunda reorganización y que públicamente ha señalado que está muy complicada para pagar los impuestos acordados con las plazas de Coquimbo, Viña del Mar y Pucón. En la primera de ellas tiene acordado un monto de 408.501 Ufs (más de $18 mil millones); en Viña del Mar, en tanto, el monto pactado es de 832.123 UFs ($32 mil millones) y en Pucón son 121.000 UFs (más de $4.000 millones). 

De hacerse efectiva la solicitud de la empresa de abandonar Pucón, la SCJ deberá llamar en el acto a un nuevo proceso licitatorio. En paralelo, la empresa Enjoy deberá seguir pagando el monto acordado y operando hasta por tres años que es plazo para que el nuevo oferente esté activo. Si el licitador entrante inicia la actividad previo a los tres años; Enjoy deberá pagar por el resto del período de tres años el diferencial de lo que entregará la nueva empresa para llegar a las 121.000 UFs originales.  

Según se explicó, el decreto en cuestión permitía cuidar el empleo y los recursos que llegaban a las municipalidades. También le daba un margen a las empresas para evitar colapsos. La municipalidad, bajo la administración de Carlos Barra, intentó ser parte en la causa por colusión de casinos para —de alguna forma— reaccionar al decreto; pero su incursión fue declarada como inadmisible por el Tribunal de la Libre Competencia donde se ventila la causa.