Como producto del operativo, el propietario de Lucky BetsSport Bar, ubicado en la avenida San Patricio y otras 17 personas, todas mayores de edad, fueron citadas por la Policía para comparecer ante el Tribunal de San Juan.

El director ejecutivo interino de la Comisión de Juegos, Juan C. Santaella Marchán, explicó que al momento de que los agentes de ambas agencias intervinieran el establecimiento, había 17 personas jugando póker mediante apuestas no autorizadas por el organismo que regula los juegos de azar en la Isla. Las mesas de juego fueron ocupadas por el Negociado de la Policía, así como las fichas, como establece la Ley.

El funcionario indicó que la intervención fue coordinada con la División de Drogas y Control del Vicio de San Juan de la Uniformada y forman parte de un plan de trabajo en conjuntoque continuará en vigor con la ayuda de la información confidencial que brindan los ciudadanos.

La práctica de juegos de póker fuera de los casinos está expresamente prohibida por la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como Ley de Juegos de Azary Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casino. Conforme la Sección 2, inciso a, de la Ley Núm.221.

"En Puerto Rico hay 20 casinos autorizados a operar juegos de azar y mesas de juegos bajo las reglas de la Comisión de Juegos, así como las de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Con nuestros mecanismos de concesión de licencias y supervisión buscamos que estos negocios hagan ofrecimientos de entretenimiento de forma legal y transparente, en beneficio del jugador y de la sociedad", advirtió Santaella Marchán.

"Exhortamos a las personas que quieran disfrutar de los juegos de mesa a que acudan a los casinos, y de este modo, eviten ser intervenidos por las agencias de ley y orden. De la misma forma, invitamos a los ciudadanos a continuar denunciando la prácticade juegos ilegales en sus comunidades. Estas prácticas atentan contra los negocios fidedignos que se esfuerzan por cumplir con las leyes y aportar al fisco para beneficio de todos los residentes de Puerto Rico", agregó.

De acuerdo con el funcionario, las prácticas de juego no fiscalizadas por el Estado se prestan para ser utilizadas para lavado de dinero, evasión contributiva y jugadas fraudulentas, entre otros delitos. Por el contrario, los premios otorgados por los casinos hacen aportaciones al erario que son utilizadas para dar servicios al público e incluso promover el turismo.