La causa que investiga una organización ilícita que incluye contrabando, montado de casinos y sitios de apuestas online ilegales y lavado de dinero tuvo movimientos esta semana con el procesamiento de nueve personas, el decomiso de criptomonedas y embargos que llegan a 10 mil millones de pesos: el principal acusado continúa prófugo.

Según publicó el sitio fiscales.gob, esta semana el juez Santiago Inchausti del Juzgado Federal N°3 dictó el procesamiento de nueve personas investigadas -entre ellas un funcionario aduanero, hecho por el cual la propia Aduana se presentó como querellante- de las cuales cinco permanecen con prisión preventiva como miembros u organizadores de una asociación delictiva. En paralelo, prohibió la salida del país a tres personas, llamó a indagatoria a un imputado y continúa la búsqueda de las dos personas que permanecen prófugas. 

Se trata de una investigación iniciada en septiembre tras una denuncia anónima que destapó cómo se había montado una organización en torno a unas diez sociedades y con distintos integrantes con roles definidos con la cual se cometían infracciones al Código Aduanero para ingresar celulares de alta gama al país como también el montaje de plataformas de apuestas online -incluso utilizando sin autorización marcas habilitadas- más el lavado de los activos provenientes de esos ilícitos mediante las transacciones con criptomonedas y transferencias entre los imputados para dificultar la trazabilidad.

Casinos online ilegales y lavado de dinero: 22 allanamientos y 11 imputados

En cuanto a los procesamientos dictados, a dos de los imputados se los acusa de lavado de “activos virtuales”, y otros dos lo están por el delito de administración y explotación de juegos de azar sin autorización oficial de la agencia de Lotería y Casinos de la Provincia. En cuanto a este último punto, además, el propio juez hizo énfasis en el peligro que representa la proliferación de plataformas de apuestas sobre todo entre adolescentes.

Además, tanto el cabecilla como otros dos de los acusados se les imputa el lavado del dinero conseguido ilícitamente a través de la puesta en circulación de las ganancias a través de criptoactivos. Así, indicaron que la valoración de las transacciones de los criptoactivos más el nivel de vida de los acusados “no se encontrarían justificados a partir de una actividad legal y registrada”. Incluso, desde el MPF dieron a conocer que uno de los acusados ya contaba con un procesamiento por delitos similares en una causa que tramita el mismo juzgado y fiscalía.

De todos modos, cabe aclarar que los investigadores todavía no descartan la apertura de nuevas líneas de investigación debido a la “magnitud y complejidad del entramado criminal que se investiga”. Entre las complejidades, por ejemplo, señalaron la utilización de billeteras virtuales y la escasa regulación vigente al respecto. “El uso de criptoactivos (…) facilita el pseudo anonimato de las operaciones realizadas, la difícil trazabilidad y la posibilidad de operar transnacionalmente con los fondos sin ningún tipo de restricción”, indicó Inchausti.

Como parte de la resolución, además, el juez ordenó el decomiso anticipado de los fondos de la cuenta de exchange vinculada al principal acusado por una suma total de 28.589,26 USDT (criptomoneda Tether). “Lo expuesto exige una decisión que, en compatibilidad con las normas internacionales y de derecho interno que rigen la materia, busque asegurar la eventual reparación del daño causado a la sociedad, y al Estado por la responsabilidad en comisión de los hechos investigados en la presente causa”, argumentó el juez al respecto.

Asimismo, como parte de la investigación, la Fiscalía Federal N°1 a cargo de Laura Mazzaferri como también el fiscal general Horacio Azzolin de la fiscalía especializada en ciberdelincuencia (Ufeci) lograron recabar la información necesaria para el congelamiento de una cuenta de una plataforma de intercambio de criptomonedas a cargo del principal sospechoso, hoy prófugo.

En cuanto al principal acusado -todavía prófugo- el Juzgado puso de relieve que el mismo ya se encuentra en pleno conocimiento de la existencia de la causa porque presentó un pedido de exención de prisión que ya fue denegado en primera instancia aunque se encuentra en revisión en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.