En concreto, se encuentran en Alicante ciudad, Benidorm, Orihuela Costa y Ondara, este último inaugurado en 2024. A estos hay que sumarles el Casino CIRSA Valencia y el Gran Casino Castellón, perteneciente al grupo Orenes. El nuevo Casino Mediterráneo Elche servirá para consolidar la presencia de Acrismatic en el sector del juego de la región, y refleja a su vez la buena salud de la industria.

¿Qué impacto puede tener el nuevo casino?

Entre las implicaciones positivas que puede traer la apertura del nuevo casino de Acrismatic en la Comunidad Valenciana, la primera es la que afecta al sector económico y laboral: está casi garantizado que el establecimiento generará empleo y atraerá turismo a la localidad de Elche, lo que contribuirá también a dinamizar la economía.

La experiencia del grupo Acrismatic con sus otros centros de ocio será una ventaja en este sentido. Al no tener competencia directa en la provincia de Alicante, se podría decir que su rival más directo es el juego en línea: los casinos online españoles llevan años ganando terreno a los casinos físicos y, frente a ellos, los establecimientos de Jesús Álamo tendrán que apostar por fomentar aspectos como la gastronomía, los espectáculos y otros servicios más orientados al turista.

La principal preocupación atañe al potencial aumento de los casos de ludopatía que van siempre asociados a estos locales. Para ello, va a ser fundamental que las autoridades, tanto ilicitanas como a nivel regional, se impliquen en la implantación y fomento de medidas de prevención y concienciación.

A priori, Álamo parece ser la persona ideal para afrontar esta incertidumbre, ya que, en febrero de 2024, fue galardonado con el Premio a la Trayectoria en los Premios del Juego Responsable, un triunfo que le reconoce como pionero del sector y le convierte en un referente en este ámbito.

La regulación del juego en la Comunidad Valenciana: 2020

Y es que, desde 2020, la Comunidad Valenciana ha venido sufriendo una serie de cambios en las normativas regionales en materia de juegos de azar que convierten cualquier nueva apertura o movimiento al respecto en, cuando menos, una maniobra arriesgada. En el citado año 2020, el entonces presidente Ximo Puig aprobó una ley con el objetivo de regular el sector y prevenir la ludopatía.

Esta normativa establecía, entre otras medidas, una distancia mínima obligatoria de 850 metros entre los locales de juego y los centros educativos, y de 500 metros entre los propios establecimientos. También limitaba la instalación de tragaperras en locales de hostelería, y prohibía dichas máquinas en otros ámbitos, como las cafeterías de colegios o en la vía pública.

La regulación trajo consigo quejas por parte de empresas del sector, que no tardaron en llevar la ley ante los tribunales. La propia Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) presentó un recurso contencioso-administrativo que buscaba eliminar la moratoria para otorgar nuevas autorizaciones de tragaperras en locales de hostelería o, en su defecto, que dicha moratoria se redujera de cinco a dos años.

Cambios legislativos: 2023

En 2023, con un nuevo panorama político en la Generalitat Valenciana, se introdujeron una serie de enmiendas que modificaron la ley del juego de 2020. Con el impulso del PP y VOX, con mayoría parlamentaria, se eliminaron algunas de las restricciones más estrictas de la anterior normativa.

Entre ellas, se suprimió la obligatoriedad de mantener una distancia mínima de 850 metros entre los locales de juego y los colegios, lo que permitiría renovar sus licencias a los establecimientos situados a menos de esa distancia de las escuelas. También se eliminó la exigencia de una separación mínima de 500 metros entre estos recintos.

Del mismo modo, aunque se mantenía la moratoria de cinco años respecto a las tragamonedas, se incluía una salvedad sobre las “máquinas averiadas u obsoletas”, que permitiría su sustitución por una nueva durante su periodo de vigencia.

Reacciones a los cambios en la normativa

Como era de esperar, estas modificaciones fueron bien recibidas por el sector de la hostelería y por los empresarios de la industria del juego, que las veían necesarias para garantizar la seguridad jurídica y fomentar la actividad económica. Alejandro Landaluce, director general de Cejuego, hizo referencia a que el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana había cuestionado la norma: “la normativa es excesivamente restrictiva y aboca al sector a numerosos despidos o al cierre. La ley ya tiene suficientes controles, como dice el propio TSJ”.

Por su parte, el nuevo síndic de VOX, José María Llanos, afirmaba que “frente al sectarismo del Botànic, este proyecto reduce impuestos y piensa en la ciudadanía y no en sus intereses partidistas”, mientras que el portavoz del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Miguel Barrachina, destacaba que esta ley permitiría “acabar con el infierno fiscal”.

Por otro lado, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, consideraba que “los grandes perdedores serán los barrios y pueblos valencianos, que verán cómo aparecen como setas nuevas locales de apuestas y juego”. La concejala de Elda para Todas, Cristina Rodríguez, 10 meses después de presentar una moción en su ayuntamiento, lamentaba que “todavía no hemos recibido ninguna respuesta por parte de la Generalitat (…) No escuchan los datos tan preocupantes que hay de ludopatía en la adolescencia”.

La Universitat de València, a partir de su representante en la Comisión del Juego, Mariano Chóliz, presentó un escrito en el que denunciaba: “estas enmiendas no sólo no están justificadas, sino que son perjudiciales para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana en términos de prevención del juego patológico”.