El texto autoriza la instalación de casinos en centros turísticos o complejos de ocio integrados, con un límite de un casino en cada estado y el Distrito Federal, a excepción de San Pablo, que podrá tener hasta tres casinos, y Minas Gerais, Río de Janeiro, Amazonas y Pará, donde el límite para cada estado es de dos casinos. Según la propuesta, los centros de juego también podrán operar en embarcaciones marítimas y fluviales, que seguirán normas específicas. El casino deberá demostrar un capital social mínimo desembolsado de al menos 100 millones de reales y podrá acreditarse durante 30 años.

La propuesta también establece normas para el juego del bingo en las modalidades de cartón y electrónico, y permite a cada Estado acreditar a una persona jurídica por cada 700.000 habitantes para explotar el juego del bicho. En este caso, las autorizaciones tendrán una validez de 25 años, renovables por el mismo periodo. Las carreras de caballos podrán ser explotadas por entidades de turf (vinculadas al turf) acreditadas por el Ministerio de Agricultura, que también podrán explotar simultáneamente juegos de bingo y videobingo.

En su informe, Irajá tachó de "concepto jurídico indeterminado" el delito contra la moral y las buenas costumbres, utilizado como argumento contra los juegos de azar, y subrayó que el proyecto de ley trata de entregar al control estatal una práctica que hoy constituye una falta. Citando estadísticas sobre el mercado de apuestas legales e ilegales, Irajá concluye que "los juegos de azar son ya una actividad económica relevante". La ponente rechazó las enmiendas de los senadores y propuso una enmienda de redacción que sustituye las referencias al "Ministerio de Economía" por "Ministerio de Hacienda".

Valorización

También está en la agenda de la CCJ la propuesta de enmienda a la Constitución(PEC 10/2023) que crea una mensualidad de valorización por tiempo en el cargo para los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público. El texto del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, recibió una sustitución del ponente, el senador Eduardo Gomes (PL-TO). La discusión sobre el asunto terminó el pasado miércoles (10). Según la propuesta, la asignación extra no estaría sujeta al tope constitucional. El beneficio, calculado en un 5% de la asignación, se pagaría cada cinco años de ejercicio efectivo, hasta un límite del 30%.

Otros

En la misma reunión, la CCJ votará la PEC que incluye en la Carta Magna el derecho a la calidad del aire entre los derechos y garantías fundamentales(PEC 7/2021) y el proyecto de ley que permite el uso de tierras federales para huertos comunitarios(PL 2.100/2019). Otro asunto a ser votado es el proyecto de ley que crea, en el ámbito del Senado, el Premio al Mérito en Protección y Defensa Civil, para honrar a los municipios brasileños que se hayan destacado en acciones destinadas a la protección y defensa civil(PRS 116/2023).
 

Fuente: Agencia Senado