El proyecto se votará en el Senado, en un contexto de falta de consenso y con la expectativa de resistencias, incluso de senadores de la bancada evangélica. Mientras los partidarios hablan de generar riqueza para el país, los opositores citan un posible aumento de delitos, como el lavado de dinero, así como la ocupación y legitimación de organizaciones criminales y el aumento de adicciones insalubres.

Con este telón de fondo, no hay garantías de que el tema sea efectivamente votado la próxima semana o antes del receso del Congreso Nacional, que comienza el 17 de julio. El ponente es el senador Irajá (PSD-TO), que en diciembre presentó un dictamen favorable al funcionamiento de juegos y casinos.

También figura en el orden del día la petición de urgencia para el texto propuesto por los líderes de los partidos en 2024, que incluye la firma de Alcolumbre. El tema se debate en el Congreso desde 1991 y ya ha sufrido varias modificaciones, incluida la aprobación por la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley establece normas específicas para los distintos tipos de juego. El texto en discusión autoriza la instalación de casinos en centros turísticos o complejos integrados de ocio, como resorts y hoteles de alta gama, o en buques marítimos (limitados a diez en el país) y fluviales de al menos 50 habitaciones.

Por regla general, cada estado y el Distrito Federal pueden tener un casino. Sin embargo, hay excepciones en función del tamaño de la población o del territorio. Así, São Paulo puede tener hasta tres, mientras que Minas Gerais, Río de Janeiro, Amazonas y Pará pueden tener hasta dos.

El texto prevé el funcionamiento permanente de bingos en lugares específicos, incluyendo modalidades como cartones, electrónica y video bingo. Cada ciudad podrá tener una sala de bingo. Pero en las ciudades más grandes se contempla la posibilidad de un establecimiento por cada 150.000 habitantes.

Otra disposición de la propuesta se refiere a las máquinas de apuestas, que deberán tener un contrato de arrendamiento registrado en el Gobierno y someterse a auditorías periódicas. El texto define el reparto de los ingresos (la diferencia entre el número total de apuestas realizadas y los premios pagados), con un 40% para la empresa arrendataria y un 60% para el establecimiento donde se ubique el bingo o casino.

Las apuestas hípicas sólo pueden ser explotadas por organizaciones hípicas acreditadas por el Ministerio de Agricultura. Las mismas organizaciones podrán explotar simultáneamente bingo y videobingo, siempre que obtengan un registro específico y lo hagan en el mismo local donde se celebren las carreras de caballos.

Quienes explotan los juegos también pueden estar sujetos a dos nuevos impuestos: la Tasa por Inspección de Juegos y Apuestas (Tafija) y la Contribución por Intervención en el Ámbito Económico sobre la comercialización de juegos y apuestas (Cide-Jogos). Se prevén exenciones de otros impuestos para las casas de apuestas. El texto podrá ser modificado hasta su votación en el Senado.

Por Lucyenne Landim