Al emitir la Orden Ejecutiva 74, el Presidente Marcos dijo: “El Estado tiene el deber primordial de salvaguardar la seguridad nacional, mantener el orden público, defender el estado de derecho, proteger la seguridad de sus ciudadanos y garantizar la integridad del tejido social de la nación. En cumplimiento de ese deber, se pronunció una prohibición inequívoca de las operaciones de POGO/IGL durante el Discurso sobre el Estado de la Nación del 22 de julio de 2024”.

La EO citó el estudio del Departamento de Finanzas (DOF) al decir que las actividades de POGO superan significativamente los beneficios económicos y sociales derivados de la industria de POGO debido a los riesgos y las consecuencias negativas, como el aumento de las tasas de delincuencia, la inestabilidad social y la explotación de personas vulnerables asociadas a ellas.

El Informe del Consejo Antilavado de Dinero (AMLC) también indicó que las POGO han sido identificadas como susceptibles al lavado de dinero, fraude y otras actividades financieras ilícitas y, por lo tanto, plantean amenazas sustanciales a la integridad del sistema financiero nacional.

“Los altos riesgos reputacionales asociados con las operaciones de POGO/IGL disuaden la inversión extranjera y el turismo, socavando los esfuerzos del Gobierno Nacional para promover al país como un destino de inversión y turismo seguro y sostenible”, afirmó la EO.

El presidente solicite, firmado por el Secretario Ejecutivo Lucas Bersamin el 5 de noviembre, cubrirá los operadores de juegos offshore de Filipinas y las operaciones y servicios de juegos offshore.

Se espera que todas las POGO/IGL y otras operaciones de juego offshore y otros servicios auxiliares/relacionados con el juego offshore con licencias y permisos emitidos cesen por completo sus operaciones, incluida la liquidación de sus asuntos, el 31 de diciembre de 2024 o antes.

Para elaborar e implementar una estrategia integral, se crearán grupos de trabajo técnicos. El grupo de trabajo técnico sobre recuperación y reintegración del empleo abordará el impacto de la prohibición anterior en los sectores afectados de la economía y garantizará la reintegración de los trabajadores filipinos desplazados.

Esto también implicará la prestación de asistencia y redes de seguridad que incluyan programas de capacitación y reciclaje profesional para garantizar que los trabajadores desplazados puedan encontrar nuevos empleos.

El Presidente también emitió directivas a las agencias del gobierno nacional en respuesta a la prohibición inmediata de las operaciones de POGO.

Quiere que la Comisión Presidencial Contra el Crimen Organizado (PAOCC), la Agencia Filipina de Control de Drogas y otras agencias de aplicación de la ley intensifiquen sus esfuerzos contra los POGO/GL ilegales y otras operaciones y servicios de juego offshore.

Se le encargó al Departamento de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano (DHSUD) que asista al TWG sobre Operaciones de Juego Ilegales en el Extranjero a fin de asegurar la cooperación de las asociaciones de propietarios para asegurar la no proliferación de POGO/IGL y otras operaciones y servicios de juego en el extranjero en subdivisiones, condominios y otros desarrollos inmobiliarios.

Por otra parte, el Departamento de Turismo recibió la tarea de supervisar los establecimientos e instalaciones turísticas para garantizar que no se utilicen para POGO/GL y otras operaciones o servicios de juego en el extranjero.