García ha hecho estas consideraciones a los periodistas tras comparecer en la Comisión Mixta para el estudio de los problemas de las adicciones, en el Congreso de los Diputados. Así, ha mostrado la preocupación de su departamento por las adicciones sin sustancia entre los más jóvenes, como puede ser a los juegos de azar, las apuestas en videojuegos o el uso de pantallas.

Así, ha recordado que el 5,3% de la población de entre 15 y 64 años jugó dinero online el último año, algo más de la mitad (el 57%), de manera presencial; un 1,7% puede presentar trastorno del juego, y el 3,5% cumple criterios de uso compulsivo de Internet. Mientras, en los estudiantes de 14 a 18 años, el 20,5% presenta un trastorno compulsivo de Internet, más las chicas, y el 10,7% ha apostado dinero en el último año. El 17% lo hizo de forma presencial.

Desde Sanidad quieren impulsar acciones de sensibilización, información, formación e investigación de adicciones sin sustancia y políticas para paliar la situación. "Queremos limitar que las salas de juego estén a 100 metros de los institutos de los chavales y que no proliferen estos negocios como algo normal y natural que ha ocurrido en los últimos años en nuestro país", ha puntualizado la ministra en su comparecencia.

"Estas adicciones requieren de múltiples acciones y es imposible atacarlas con la libertad de mercado", ha criticado. La competencia de regular este tipo de locales, lugares "de reclamo y de incitación" a la adicción al juego, es autonómica, pero mientras en algunas hay una por cada 4.000 habitantes, en otras se dispara a 1 por cada 40.000, con lo que priman así "los bienes comerciales" a la protección de la salud de los menores.

García ha lamentado la poca regulación por parte de algunos ejecutivos autonómicos: "No les parece mal que las casas de apuestas estén a menos de 'x' metros de los institutos o de los coles o que haya una proliferación completamente abusiva en las ciudades". Por eso, dentro de sus competencias, el Ministerio pondrá "encima de la mesa todas aquellas cosas que son de sentido común", como es la de no abrir uno de estos negocios en la puerta de un instituto, y va a "incitar a que los gobiernos regionales legislen y hagan iniciativas políticas para limitar este acceso".