15 elementos de juego ilegal incautados, 6 establecimientos cerrados y una persona capturada por porte ilegal de armas fue el resultado del operativo contra las apuestas no autorizadas realizado por Coljuegos en la ciudad de Pasto, Nariño.

“Por primera vez en muchos años, Coljuegos está llegando a todas las regiones del país para combatir la ilegalidad. En nuestra administración no existen territorios vedados, por eso estamos escribiendo una nueva historia en la lucha contra las apuestas ilegales que le quitan recursos a la salud de los colombianos”, dijo Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.

Entre los elementos incautados por la entidad se encuentran 3 máquinas electrónicas tragamonedas, 2 módulos de apuestas por internet, así como 8 mesas de casino del juego denominado “24”, una actividad que no ha sido regulada por la entidad y que opera de manera ilegal tanto en Nariño como en el Eje Cafetero.

“Cada una de las mesas del juego ‘24’ mueve alrededor de $10 millones diarios en apuestas ilegales. Este es un juego que no brinda ningún tipo de garantías a los apostadores y que, además, no cuenta con reglamentación ni autorización por parte de Coljuegos”, añadió el presidente de la entidad.

Durante el operativo, las autoridades incautaron $21 millones en efectivo que se encontraban en los establecimientos sellados. Estos recursos se constituyen como un depósito judicial a nombre de Coljuegos y podrán ser transferidos al sistema de salud.

“Estas acciones son el resultado del pacto por la legalidad que firmamos el pasado mes de julio con la Gobernación, la Lotería de Nariño y el concesionario Superservicios. Estamos sumando esfuerzos con todas las entidades territoriales para proteger la legalidad en la industria y las transferencias para la salud”, manifestó Hincapié.

Es importante mencionar que, a la fecha, Coljuegos ha incautado cerca de 2.900 elementos de juego ilegal en todo el país, y ha destruido 7.382 máquinas tragamonedas, módulos de apuestas por internet y sillas de bingo que operaban de manera ilegal y que habían dejado de transferir alrededor de $189.887 millones para la salud en los últimos 5 años.