Un balance de 25 años de regulación: avances y desafíos pendientes

Al iniciar su presentación, Constante Traverso, abogado especialista en tributación, repasó sus tres décadas de experiencia en la industria y explicó que el objetivo de su exposición era analizar la evolución del sector y plantear reformas que permitan afrontar los desafíos actuales.

"Este año justamente cumplo 30 años trabajando en juegos de azar y he tratado de reflejar mi experiencia en estos 30 años y también de alguna manera proponer algunas correcciones, algunas reformas que considero son oportunas."

Antes de desarrollar su análisis, Traverso destacó el trabajo realizado por la Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas de MINCETUR durante las últimas dos décadas.

"Estoy seguro de que esta última etapa de la Dirección de Juegos ha sido la mejor etapa de regulación de juegos de azar en el Perú."

Asimismo, elogió el nivel técnico del organismo regulador y expresó su deseo de que ese modelo de gestión tenga continuidad.

"Es importante resaltar este equipo técnico que se ha construido y esperamos que en el próximo gobierno se mantenga y se cuide, porque realmente es una garantía para que este negocio prospere."

Cuatro etapas que marcaron la historia del juego regulado en Perú

De una regulación fallida al proceso de formalización

Traverso dividió la evolución del sector en cuatro grandes etapas. La primera, previa a la Ley 27053 de 1999, estuvo caracterizada —según explicó— por normas dispersas, criterios contradictorios y cambios constantes en el régimen tributario.

Posteriormente destacó la aprobación de la primera regulación integral del sector, aunque señaló que aún mantiene aspectos que deberían actualizarse después de más de dos décadas de vigencia.

El especialista consideró que el período más exitoso comenzó en 2006 con la Ley de Reordenamiento y Formalización y el fortalecimiento institucional de MINCETUR.

Según explicó, ese proceso permitió alcanzar niveles históricos de formalización, empleo e inversión.

"La Dirección de Juegos fue la única institución del Estado peruano que llevó con éxito un proceso de formalización. Logró el 100 % de la formalización de la actividad."

Traverso recordó que, antes de esa reforma, existían más de 400 empresas informales y gran parte del mercado operaba bajo medidas judiciales o fuera del marco regulatorio.

El impuesto selectivo al consumo, en el centro de las críticas

"Más impuesto, pero menos recaudación"

Uno de los ejes centrales de la conferencia estuvo dedicado a analizar el impacto del impuesto selectivo al consumo aplicado al sector.

Traverso sostuvo que la actual política tributaria ha generado efectos contrarios a los esperados, reduciendo la recaudación, afectando la rentabilidad de las empresas y provocando el cierre de establecimientos.

"Más impuesto, pero menos recaudación. Creo que eso amerita una reflexión."

A su juicio, el problema no radica en la regulación impulsada por MINCETUR, sino en las decisiones adoptadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

"El regulador entiende el negocio, pero en el otro despacho ministerial no hemos encontrado receptividad."

El abogado también cuestionó que el impuesto se aplique sin considerar la verdadera capacidad contributiva de los operadores.

"Es una tasa ciega que atenta contra la capacidad contributiva."

Como respaldo a su análisis, recordó que la propia Comisión Permanente del Congreso recomendó en 2018 la derogación del impuesto selectivo aplicado a las máquinas tragamonedas y mencionó los debates constitucionales que aún persisten sobre su legalidad.

La pandemia agravó la crisis del sector

Traverso también repasó el impacto que tuvo la pandemia sobre la industria del juego y criticó que el sector haya sido excluido de los programas estatales de recuperación económica.

Recordó que los casinos y salas de juego fueron catalogados dentro de las actividades con "percepción social negativa", lo que impidió que accedieran a mecanismos de financiamiento como Reactiva Perú.

En ese contexto, sostuvo que aún no se han recuperado los niveles de recaudación previos a la pandemia.

"No necesariamente mayores impuestos significan mayor recaudación; depende de cómo se regula y de cómo se diseñan los tributos."

Propuestas para construir una política pública del juego

Garantías, sanciones y simplificación administrativa

En la parte final de su exposición, Traverso presentó una batería de propuestas orientadas a modernizar la regulación peruana.

Entre ellas planteó reducir el monto de las garantías exigidas a los operadores, argumentando que su costo financiero resulta excesivo frente al reducido número de ejecuciones registradas en los últimos años.

También propuso revisar el régimen de infracciones y sanciones para incorporar criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Como ejemplo, cuestionó las multas aplicadas por fallas circunstanciales en los sistemas de videovigilancia.

"Hay oportunidades de mejora para que las sanciones respondan realmente al beneficio ilícito, la gravedad del daño y el perjuicio económico."

Además, sugirió introducir modificaciones en aspectos como la definición legal de los templos, el tratamiento de los reclamos por premios, la acreditación del derecho de uso de los inmuebles donde funcionan las salas y los criterios utilizados para evaluar la solvencia financiera de los operadores.

Una política de Estado para garantizar el desarrollo del sector

Como cierre de la conferencia, Traverso insistió en que el principal desafío consiste en diseñar una política pública permanente para la industria del juego que trascienda los cambios de gobierno.

Según explicó, la ausencia de una estrategia estatal coordinada genera contradicciones entre distintos organismos públicos y limita el desarrollo de una actividad que ha demostrado su capacidad para generar empleo formal, inversión y recaudación tributaria.

"Necesitamos construir una política pública sobre los juegos de azar, con un Estado eficiente, moderno, transparente y promotor del desarrollo."

Finalmente, expresó su confianza en que el próximo gobierno impulse una agenda de reformas consensuadas junto al regulador y los representantes del sector para consolidar un marco legal más estable y competitivo para la industria peruana del juego.