Según la entidad, encarecer la operación de las empresas licenciadas reduce la competitividad del mercado formal, favorece el avance de operadores irregulares y, en última instancia, coloca en riesgo al consumidor, que queda expuesto a servicios sin garantías de integridad ni mecanismos de protección.

Un estudio de LCA Consultoria Económica reveló que entre 41% y 51% de las apuestas en el país aún se realizan en plataformas no autorizadas, que mueven cerca de R$ 40 mil millones al año y generan una pérdida estimada de R$ 10,8 mil millones en recaudación. El informe señala que cada 5 puntos porcentuales de formalización podrían aportar R$ 1 mil millón adicional a las arcas públicas.

El IBJR destacó que la reciente regulación del sector representa un avance significativo, al establecer reglas claras de integridad, rastreabilidad y prevención del endeudamiento — elementos inexistentes en el mercado clandestino, que además de perjudicar al Estado y al consumidor, financia prácticas ilícitas y el crimen organizado.

Para el Instituto, el combate a las plataformas ilegales debe ser la prioridad, y cualquier medida que debilite el entorno regulado dificulta esta tarea y beneficia a quienes actúan al margen de la ley.

El IBJR reiteró que la forma más eficaz de aumentar la recaudación y proteger al consumidor es fortalecer el mercado formal, garantizando seguridad jurídica, cumplimiento normativo y un ambiente competitivo y sostenible.