Cómo la alta tributación en Chile podría cederle el mercado al juego ilegal

Una carga tributaria que duplica a la región

El proyecto que actualmente se discute en el Senado chileno contempla un impuesto específico del 20% sobre el GGR (los ingresos brutos del juego, descontando los premios). A esto se sumaría un 2% destinado al deporte y hasta un 1% para políticas de juego responsable. En total, la carga sectorial nominal alcanzaría el 23%.

Esta cifra contrasta fuertemente con el panorama regional: Perú aplica un 11,76% sobre el GGR, mientras que Brasil fijó un 13% para 2026. Al iniciar su mercado con costos tan elevados, Chile corre el riesgo de crear una enorme barrera de entrada debido a su alta tributación, para el mismo sector que busca regularizar.

El impacto directo en el jugador: cuotas, bonos y canalización

Las plataformas autorizadas no compiten solo entre sí, sino también contra sitios ilegales que no asumen costos regulatorios ni tributarios. A mayor carga impositiva y tributación para el operador legal, menor será su margen para ofrecer cuotas competitivas, bonos atractivos y mejores promociones.

Si la oferta legal pierde atractivo económico, los sitios irregulares aprovecharán esa ventaja para captar clientes, afectando directamente la canalización (el volumen de apuestas que se realizan en entornos regulados). Una canalización baja se traduce en graves problemas para el país: menor recaudación para el Estado, nulo control sobre el lavado de activos, acceso de menores de edad y total desprotección para el consumidor.

Cobrar antes de legalizar: la paradoja del mercado chileno

Chile ha creado una situación atípica: ha comenzado a recaudar impuestos antes de otorgar licencias formales o certeza jurídica. Desde junio de 2026, el Servicio de Impuestos Internos (SII) obliga a las plataformas extranjeras a registrarse y pagar un IVA digital del 19%, aplicable incluso a las operaciones de los 36 meses anteriores.

La estructura de fiscalización avanzó mucho más rápido que el sistema de licencias. Tras la amenaza del SII de que los medios de pago retendrían directamente el 19% a los sitios no registrados, decenas de plataformas se incorporaron al régimen. Sin embargo, pagar este impuesto no otorga una licencia operativa ni legaliza a la empresa, dejándolas operando en un limbo.

La doble cuenta retroactiva y el desafío del Senado

El proceso para adquirir una licencia definitiva podría sumar una segunda carga impositiva hacia el pasado. El proyecto propone que las empresas que ya operaban en el país paguen un impuesto único sustitutivo del 31% sobre el GGR de los últimos 36 meses, además de un cobro de 0,07 UTM por cada cuenta de usuario activa. Aún no está claro cómo se conciliará este nuevo tributo con el IVA retroactivo ya exigido.

El proyecto de ley continúa su tramitación en las comisiones de Economía y Hacienda del Senado. Los legisladores enfrentan un desafío crucial: equilibrar la recaudación fiscal con la viabilidad comercial. Si la regulación impone costos fijos del 23% sumados a millonarias cargas retroactivas, Chile terminará castigando financieramente a quienes intenten formalizarse, dejándole el mercado libre a los operadores ilegales.