Los efectos de la regulación restrictiva de apuestas en la Comunidad Valenciana: 17% más de juego ilegal

En junio de 2020, el Gobierno de la Generalitat Valenciana aprobó la Ley 1/2020 del juego, la regulación más restrictiva de todas las puestas en marcha por parte de las comunidades autónomas para regular esta actividad. 

Entre otras modificaciones, la norma contemplaba una distancia de 850 metros entre locales de juego y centros escolares, además del cierre de prácticamente todos los locales de apuestas ya que cancelaba la renovación de sus licencias. Suponía de facto un cierre encubierto del sector que la Generalitat pretendía para la supuesta protección de los usuarios del juego ante una ola creciente de juego problemático. Los datos de Sanidad corroboran que los problemas derivados del juego no están creciendo. 

La edición 2022 de la encuesta EDADES del propio Ministerio de Sanidad estima que solo el 0,4% de la población española de entre 15 y 64 años tiene posibilidades de presentar un patrón de trastorno del juego. El valor disminuye un 20% respecto a 2018. Sobre el papel, la norma parecía una buena idea: para que se jugara menos, bastaba dificultar el juego. La realidad no fue tan sencilla y los efectos resultaron ser los contrarios. 

La norma sí ha conseguido cerrar locales de juego, y que disminuyera tanto la facturación de algunos subsectores afectados como la recaudación de impuestos de la Generalitat, pero ha tenido otros efectos no deseados: según los datos del propio Gobierno del Botánic, ha aumentado un 17% el juego ilegal y se han destruido 2.500 empleos.  

Origen de Ley Seca y sus efectos 

En este punto nos encontramos ante el efecto Ley Seca: cuando la autoridad limita excesivamente una actividad común en el ocio de la sociedad, ésta no acaba, sino que pasa a la clandestinidad. El juego ilegal se caracteriza por la falta de controles, por lo que acarrea mayores riesgos y permite el juego a menores y personas inscritas en los registros de auto-prohibidos, además de la generación de empleo de peor calidad, y de menores recaudaciones de ingresos de impuestos  para las administraciones. 

El caso más conocido es la Ley Volstead norteamericana, más conocida como la Ley Seca. En enero de 1919, el Gobierno de los Estados Unidos ratificó la Enmienda XVIII a la Constitución, que prohibía la fabricación, transporte, importación, exportación y la venta de alcohol en todo el país, mediante la aplicación de severas multas y penas de prisión para los infractores.

Como la norma contra el juego de la Generalitat, la prohibición de la fabricación y venta de alcohol en EE.UU fue el resultado de movimientos de presión por parte de los sectores más integristas -aglutinados, en último término, en el «movimiento por la templanza»– que propusieron cambios radicales en la forma de vida de la sociedad estadounidense, sin atender a la realidad concreta de la misma. Operó una campaña de presión para identificar el consumo de alcohol como causante de atraso y pobreza entre las masas de obreros que empezaban a llenar las ciudades de EE.UU. 

Los efectos negativos de la norma comenzaron a hacerse efectivos paulatinamente. La ley impedía la oferta de alcohol, pero la demanda no había desaparecido. La producción, importación y distribución de bebidas alcohólicas fueron asumidas por bandas criminales, que sembraron la violencia, expandiendo el crimen a lo largo de todo el país. 

Lecciones para el futuro

Es inevitable trazar ciertos paralelismos que, salvando las distancias, asemejan los años anteriores a la promulgación de la Ley Volstead con el contexto actual de la industria del juego privado en España. En este sentido, el periodo seco en Estados Unidos demostró que las políticas prohibicionistas gozan de muy mala salud, ya que el fin que persiguen acaba siendo degradado, recortando las libertades individuales, y resultan incapaces de modificar las costumbres y los usos sociales.

Las actividades legales, por tanto normalizadas, reguladas y controladas por la administración, garantizan un entorno seguro, tanto para los clientes, trabajadores como empresas, facilitando las condiciones  necesarias para que los clientes que accedan a sus productos lo hagan de manera segura, responsable y sostenible, con un especial foco de atención hacia los colectivos más vulnerables. 

Volviendo al sector del juego, en un reciente estudio, la ANJ, Autoridad Francesa del Juego, concluyó que la publicidad del juego aísla y previene la proliferación del juego ilegal. También en Italia el Gobierno se vio obligado recientemente a replantear las políticas prohibicionistas sobre el juego, al verse multiplicados los casos de juego ilegal, entre otras consecuencias negativas. Medidas prohibicionistas no suelen dar buenos resultados.