De esa forma, el Ejecutivo respondió a la solicitud de la magistrada Teresa Nuques, quien la víspera dio 24 horas al presidente Daniel Noboa para manifestar si mantenía interés en someter al voto popular el primer bloque de cuestionamientos, remitidos a la Corte el 2 de enero.

Respecto a la interrogante vinculada con la autorización de juegos de azar y casinos, en el documento remitido al organismo judicial, Noboa señala que no insistirá en el asunto “por considerar que el debate ciudadano relacionado a esta temática no es oportuno en estos momentos”.

El mandatario ratificó la pertinencia de incluir el resto de las preguntas en una consulta, pese a las críticas recibidas, pues muchas de sus propuestas pueden ser tratadas o ya son debatidas en la Asamblea Nacional (Parlamento).

Las interrogantes planteadas en el primer bloque están relacionadas con el papel del Ejército en el enfrentamiento al crimen organizado, proponen que los militares se unan a las labores de control de armas y municiones y que determinados delitos, como terrorismo, asesinato, delincuencia organizada, entre otros, sean sancionados con la pena máxima.

Posteriormente, a esas se sumaron otros cuestionamientos que abarcan temas como la extradición de delincuentes, la revocatoria inmediata de las concesiones mineras ilegales, permitir al Ejecutivo presentar al Legislativo proyectos urgentes de asuntos de interés nacional, e indultos para policías y militares.

La Corte Constitucional deberá emitir un dictamen sobre la legalidad de las preguntas y, de ser aceptadas, el Consejo Nacional Electoral podría convocar a los ecuatorianos a las urnas, un proceso que costaría alrededor de 60 millones de dólares.