La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) reclamó a la Junta de Castilla y León diferenciar en la futura Ley del Juego, que está ahora en tramitación parlamentario, entre los operadores públicos y las casas de apuestas, los casinos y los establecimientos con máquinas tragaperras. No en vano, calificó de “absurda” la comparación entre el terminal punto de venta (TPV) que utilizan en exclusiva los vendedores de la Once como asistente para ejercer su actividad con una tragaperras u otro dispositivo en una casa de apuestas.

Una situación que el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, criticó por que el Gobierno autonómico quiere arrogarse una competencia que es impropia, ya que los juegos de su organización y la Lotería Nacional solo pueden ser regulados por el Estado. En este sentido, subrayó que es una “tentación histórica” de todas las comunidades autónomas de querer regular el juego del ámbito nacional y así participar en la recaudación de impuestos.

De aprobarse la ley en los términos del borrador actual, Pérez reconoció la “indefensión” de la Once al verse obligada a pedir, cada día y a cada paso, un título habitante a la Junta para poner en marcha un punto de venta, lo que pondría en peligro la contratación de personas con discapacidad para ejercer la venta, además de suponer la “intromisión” de la administración regional en el desarrollo de la actividad comercial de una entidad social como la ONCE, que haría “inviable” su competitividad. Algo que, a su juicio, comprometería no solo la creación de empleo de personas con discapacidad sino también “minar” los proyectos sociales del sector en su conjunto.

No en vano, recordó que la venta de productos de juego de la Once sigue siendo el mayor nicho de empleo de personas con discapacidad del país y la Comunidad y que el 20 por ciento de los ingresos netos de la venta de productos de lotería de la Once se revierte directamente en su Fundación, la cual lo reparte entre las principales entidades sociales y proyectos vinculados al empleo y la formación.

El texto de la ley, que depende de la Consejería de la Presidencia, aún está a tiempo de ser mejorado por que la ONCE, que está apoyado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), considera que “incumple” algunas reglas básicas del sector del juego. “Esto traerá un perjuicio claro para las personas con discapacidad por que hay una vinculación directa entre lo que obtiene la Once con la venta de productos de lotería de juego responsable con la prestación de servicios propios de la organización y la solidaridad que se practica con las grandes entidades sociales del país”, añadió Ismael Pérez.

Criticó que la futura Ley del Juego de Castilla y León mete el juego público y privado en el “mismo saco” pese a que hay diferencias “notables” entre un vendedor de la ONCE y una casa de apuestas. Además, precisó que la organización practica un modelo de juego responsable, acreditado por instituciones internacionales como las asociaciones europea y mundial de Loterías. Por otro lado, la jurisprudencia nacional como el Tribunal Supremo y los tribunales de justicia de las algunas comunidades así lo han recogido en sentencias, informa Ical.