El pronunciamiento fue emitido en base a una presentación que hiciera la Superintendencia de Casinos de Juego por el proceso sancionatorio que sigue en contra de la exalcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, quien fue vista en abril de 2024, en el ejercicio de sus funciones, en el Casino Enjoy de Rinconada

Esta situación fue denunciada por los diputados frenteamplistas Francisca Bello y Diego Ibáñez, quienes oficiaron tanto a la Superintendencia como a la Contraloría por considerar que tal acción se traducía en una falta a la probidad, según la Ley 19.995 de casinos de juego. Además, señalaron que sobre la ex jefa comunal pesaba en aquella oportunidad la medida de arresto domiciliario nocturno por el denominado caso Estafa de Viviendas en Cabildo y que para concurrir al mencionado casino se valió de un permiso que se le otorgó para asistir a un evento de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch).

Si bien la exautoridad, en sus correspondientes descargos, habría señalado que el ejercicio de su función no requería custodia de fondos públicos, sino sólo de administración de estos, la Contraloría; en el documento N° E30528 de 2025, consigna que "administrar" consiste en "ordenar, disponer y organizar, en especial la hacienda o los bienes", por lo que resulta evidente que el deber de administrar un bien conlleva su custodia e impone no sólo la obligación de preservarlos, sino también la de emplearlo o ejecutarlo conforme a su naturaleza.

De esta manera, la Contraloría concluyó que la exalcaldesa Osorio, mientras ejerció como jefa comunal de la Municipalidad de Nogales durante sus periodos alcaldicios de 2016-2021 y 2021-2024, efectivamente le correspondía la custodia de los recursos del patrimonio municipal y afectó la prohibición de efectuar apuestas en juegos de azar desarrollados en casinos.
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