Jujuy: capacitan a jueces para restringir ingreso a deudores alimentarios a casinos y salas de juego

Mesa de trabajo para fortalecer el cumplimiento de la cuota alimentaria

En el marco del reciente convenio interinstitucional firmado entre la Suprema Corte de Justicia, la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial (ONNA) y el Instituto Provincial de Juegos de Azar (INPROJUY), se realizó una jornada de capacitación y trabajo destinada a jueces del fuero de Familia y de la Cámara Civil, Comercial y de Familia, junto a sus equipos técnicos, con el objetivo de avanzar en la pronta implementación de las restricciones de ingreso a casinos y salas de juego para deudores alimentarios morosos.

La actividad se desarrolló el 6 de mayo en el Salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales y contó con una amplia participación de magistrados y funcionarios judiciales de toda la provincia. Durante el encuentro se coordinaron mecanismos operativos y administrativos necesarios para aplicar la medida de manera efectiva.

Un mecanismo para proteger los derechos de niños y adolescentes

La directora de la ONNA y jueza de la Suprema Corte de Justicia, Dra. Mercedes Arias, explicó que el objetivo principal del encuentro fue articular acciones entre distintos organismos del Estado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

“La implementación de este convenio es de vital importancia porque establece un mecanismo concreto de restricción de ingreso a salas de juego para quienes estén registrados como deudores alimentarios”, señaló la magistrada.

Además, destacó la necesidad de una intervención conjunta para proteger a niños, niñas y adolescentes que atraviesan procesos judiciales vinculados a alimentos, especialmente en casos donde existen progenitores que incumplen sus obligaciones.

Cómo funcionará la restricción para deudores alimentarios

Durante la capacitación, representantes del INPROJUY brindaron detalles sobre el funcionamiento de las salas de juego y los controles de acceso que permitirán aplicar las restricciones previstas en el convenio.

La jefa de la División Juego Responsable del organismo, Lic. María Spengler, explicó que algunos establecimientos ya solicitan el Documento Nacional de Identidad al momento del ingreso, lo que facilitará la identificación de personas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).

En tanto, el coordinador de Justicia, Dr. Franco Bravo, detalló el circuito administrativo de los oficios judiciales y explicó cómo se procesarán las inscripciones y bajas del registro conforme a la normativa vigente.

Participación institucional y articulación entre organismos

La jornada estuvo encabezada por los jueces de la Suprema Corte de Justicia Mariano Miranda, Eduardo Uriondo y Mercedes Arias; el vicepresidente del INPROJUY, Dr. Leandro Meyer; y la secretaria de Justicia de Jujuy, Dra. Marcela Infante.

También participaron jueces del fuero de Familia de toda la provincia, coordinadoras de la ONNA y equipos técnicos judiciales.

Durante su exposición, la Dra. Marcela Infante explicó el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y recordó las responsabilidades que corresponden a cada organismo estatal para garantizar la efectividad del sistema.

Por su parte, Leandro Meyer destacó que la medida “no debe interpretarse como un castigo, sino como una herramienta destinada a resguardar los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes”.

Reunión con magistradas del fuero de Familia

Tras finalizar la mesa de trabajo, los jueces de la Suprema Corte mantuvieron una reunión con magistradas del fuero de Familia, representantes de la ONNA y profesionales de la Oficina de Coordinación Técnica de Equipos Interdisciplinarios (OCTI).

Durante el encuentro se abordaron inquietudes y necesidades del fuero, con especial foco en garantizar la escucha adecuada de niños, niñas y adolescentes y asegurar el cumplimiento de los plazos procesales.

Las autoridades coincidieron en que una respuesta judicial rápida y efectiva resulta clave para proteger integralmente los derechos de las infancias y adolescencias en procesos judiciales vinculados a alimentos.