En este caso, se trata de la Ley 116, firmada el pasado 4 de octubre por Pierluisi y que enmienda la Ley de Juegos de Azar para aumentar las distribuciones que recibirían casinos y operadores de tragamonedas en Puerto Rico. El estimado de la JSF es que las nuevas disposiciones resultarán en una reducción de $14 millones al fisco.

El gobierno, sin embargo, aseguró que la ley es beneficiosa en su repartición y que la medida no tendría el impacto fiscal que alega la JSF.

De acuerdo con la Ley 116 de 2023, cuando las tragamonedas produzcan ingresos sobre los $315 millones, el porciento para los casinos y dueños de tragamonedas será mayor que antes. El análisis de los defensores de la legislación es que, con el nuevo modelo de distribución de los ingresos por tragamonedas, los presupuestos que reciben dinero de tales juegos –como es el caso de la Universidad de Puerto Rico– aumentarían sus ingresos porque la fórmula se basaría en los recaudos brutos y no en los recaudos netos.

Pero los estimados de la JSF son diferentes.

En una carta enviada a los representantes del gobierno el pasado lunes, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, advirtió que la ley en controversia no solo tiene un impacto en el fisco, sino que aumenta los ingresos de los dueños de tragamonedas y casinos.

“Basado en el análisis de la (JSF), esta ley reduce la tajada del gobierno sobre los ingresos de las tragamonedas en $14.8 millones por año. La ley no identifica una fuente viable para remplazar esta pérdida de dinero, ya sea a través de aumentos en los recaudos o recortes en los gastos”, indica la misiva. “Por lo tanto, la Ley 116 es inconsistente con el Plan Fiscal y viola la Ley Promesa”.

En su misiva, el director ejecutivo expresa que la ley 116 de 2024 no debe ser implementada por el gobierno, a menos que sea enmendada para corregir el desfase presupuestario que provocaría.

“La ley no puede ser implementada según fue aprobada y debe ser enmendada antes de ponerla en vigor, para asegurar que el gobierno identifique cómo va a cubrir este costo”, dice la carta. “Además, para ayudar a aumentar o preservar los ingresos del gobierno, la ley debe ser enmendada para asegurar que el aumento en la tajada de los operadores de tragamonedas se dedique a financiar la compra de nuevas tecnologías y modernizar las máquinas existentes”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero Díaz, dijo en declaraciones escritas que la agencia conoce el impacto que tendrá la implementación de la ley.

“La Aafaf está totalmente consciente del impacto que tiene la implementación de la Ley 116-2023 sobre los recaudos del gobierno y la Universidad de Puerto Rico. Entendemos que dicha ley, aun cuando modifica la fórmula de distribución, no es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal, debido a que los ingresos previstos en el plan son mucho menores que los recaudos actuales de las tragamonedas”, dijo Marrero.

Agregó que “los recaudos actuales de las tragamonedas exceden significativamente los estimados de la (JSF) todos los años. Debido a que el desempeño de las tragamonedas ha sido tan exitoso en los últimos años, el gobierno ha incrementado sus ingresos correspondientes”. Insistió en que la ley significa una aportación millonaria para la UPR.

De acuerdo con Marrero, el ente fiscal del gobierno sí discutió con la JSF, el cambio en la forma de estimar las aportaciones del sector de juegos de azar.

“En resumen, nuestra posición es que, aunque se reduce la potencial participación del gobierno, esto no es inconsistente con el Plan Fiscal, ya que los recaudos actuales están muy por encima de los estimados incluidos en el plan fiscal. Por esta razón, la distribución adicional está por encima de lo que el Plan Fiscal ya proyecta”, enfatizó Marrero Díaz.

No ofrecen la certificación requerida

La JSF, sin embargo, censuró que la aprobación de la Ley 116-2023 no llegara acompañada de la certificación requerida por la Ley Promesa, por lo cual, el organismo reclamó al gobernador Pierluisi que entregue la certificación antes del próximo 25 de junio.

Anteriormente, por falta de la certificación de impacto fiscal, la JSF detuvo la implementación de otros estatutos como aquel que modificaba los beneficios laborales en el sector privado.

“La ley se implementó en violación de la Ley Promesa porque va a ser necesario una reprogramación de fondos para cubrir las deficiencias en recaudos”, expresó Mújica en su carta.

“La Ley Promesa impide a la Legislatura implementar una reprogramación de fondos sin una autorización previa de la junta. Esa autorización no ha sido solicitada ni ofrecida por la (JSF)”, agregó el director ejecutivo del organismo.