El texto modifica la ley de contravenciones penales, que actualmente establece sanciones para estas actividades. La iniciativa tiene como objetivo legalizar un sector que ya opera de manera informal en el país.

El proyecto prevé la creación de un sistema de supervisión y fiscalización para garantizar la seguridad y la transparencia en las actividades de juegos y apuestas. La propuesta también busca prevenir delitos como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Si se aprueba, el Ministerio de Hacienda será responsable de definir las normas de concesión de licencias, fiscalización y autorización de la explotación de los juegos.

Entre los impactos esperados se encuentran el aumento del turismo, la generación de empleo y el fomento del desarrollo económico regional. La regulación también puede estimular las inversiones en infraestructura turística, como hoteles y centros de eventos.

«Al legalizarlo, estaremos, en realidad, sacando a la luz una actividad que opera al margen de la ley, pero bajo el control de las autoridades públicas y la supervisión de los organismos de control, lo que permitirá a la población brasileña recaudar los impuestos que se transferirán a los estados y municipios», afirma uno de los partidarios de la propuesta.

Los defensores argumentan que la medida traerá beneficios económicos significativos. «Se generarán millones de puestos de trabajo y se invertirán miles de millones de reales en la construcción de estos grandes complejos turísticos. Y, por supuesto, todo ello fomentará la cadena del turismo nacional», declara el ponente de la propuesta, el senador Irajá Silvestre (PSD/TO).

A pesar de los argumentos presentados por los defensores, la regulación de los juegos de azar enfrenta resistencia en el Congreso. Varios senadores se posicionan en contra de la legalización, señalando riesgos sociales como el aumento del endeudamiento de las familias y el incentivo a la compulsión por los juegos.

«Es un caso que lleva a las personas al borde del precipicio y los brasileños ya no pueden soportar más deudas por culpa del juego. Si las casas de apuestas Bets aceptan hasta los 49 años, el bingo y los casinos aceptan al resto, desde los 49 hasta la vejez, a los ancianos. Por lo tanto, no podemos permitirlo, tenemos que proteger este tejido social y, con la gracia de Dios, ganaremos esta batalla junto con la población, que está exigiendo de forma educada y respetuosa a sus senadores que voten en contra.», afirma el senador Eduardo Girão (NOVO-CE).