El Senado de la República aprobó esta semana la polémica Ley Antilavado, una reforma que busca endurecer las medidas contra el lavado de dinero, pero que ha despertado fuertes críticas por parte del sector empresarial, el entretenimiento y la industria del lujo.

La nueva normativa amplía el catálogo de actividades vulnerables a posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyendo la compra de bienes de alto valor como joyas, relojes, obras de arte, vehículos de lujo, así como las apuestas en casinos, juegos de azar, y servicios de blindaje de vehículos e inmuebles.

El objetivo principal de la legislación es cerrar brechas legales utilizadas por redes criminales para lavar dinero en sectores tradicionalmente menos regulados. Sin embargo, empresarios y expertos legales advierten que las nuevas disposiciones podrían frenar inversiones y generar incertidumbre en mercados legítimos.

“Estamos de acuerdo en combatir el crimen organizado, pero esta ley puede criminalizar actividades económicas perfectamente legales”, señaló un representante de la Cámara Nacional de la Industria del Juego.

Además, se exige mayor transparencia en las transacciones, con nuevos requisitos para reportar operaciones en efectivo y una supervisión más estricta por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

A pesar de las críticas, el gobierno defiende la reforma como un paso necesario para cumplir con estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La ley ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que marcará el inicio de su aplicación en los próximos meses.