Argentina: Impulsa ley para combatir la ludopatía y prohibir la publicidad de juegos de azar a nivel nacional

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó semanas atrás un proyecto de ley para combatir la ludopatía y prohibir la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar, tanto los tradicionales que se desarrollan en salas físicas como casinos. También apunta a las apuestas online de todo tipo.

El legislador explicó que durante los últimos años se vio que "proliferaron las salas de juego en todo el territorio nacional, a las que se han sumado las plataformas de apuestas o juegos de azar virtual".

"Hoy, lamentablemente, la Argentina lidera en Latinoamérica el ranking de crecimiento anual en juego online, y según distintas encuestas, también lidera la tabla en materia de juego ilegal, así como en la desprotección que tienen los usuarios en esos sistemas", sostuvo Ferraro en diálogo con NA.

Proyecto busca combatir la ludopatía de las apuestas online

Entre otros puntos, la iniciativa prohíbe la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar, tanto los tradicionales que se desarrollan en salas físicas como casinos, y las apuestas en línea de todo tipo, que se encuentran el pleno auge.

"Hay un bombardeo enorme y constante de la publicidad y oferta de plataformas y juegos en línea", denunció Ferraro, y e hizo hincapié en el exponencial crecimiento de la publicidad de apuestas deportivas en la programación de canales de deportes.

Otro de los puntos salientes del proyecto es que limita los medios de pago al uso de efectivo o tarjetas de débito con un tope equivalente al permitido para extracciones en cajeros, excluyendo el uso de sistemas de crédito, como así también de aquellas tarjetas de prestaciones de ayuda social.

Para la modalidad de apuestas en línea, el proyecto propone la identificación biométrica de los usuarios al inicio de cada sesión, lo que garantiza que queden afuera del acceso los menores de edad.

A su vez se exige que las plataformas y sistemas de juego en línea cumplan una serie de requisitos de juego responsable que permitan a los consumidores acceder a información cierta sobre las apuestas en las que participan, su historial de usuario, el tiempo en línea, mecanismos de autoexclusión, posibilidad de establecer límites y alertas de tiempo y dinero y secciones de ayuda y asistencia.

“Existe una encuesta latinoamericana a usuarios de juegos de apuestas online donde los argentinos lideran el ranking de desprotección, es decir, no tuvieron ningún tipo de alerta de los sistemas sobre sus patrones de juego problemático. En otros países como Brasil sí los tienen”, comparó Ferraro, quien acompañó un pedido de informe presentado por la diputada de su mismo espacio político Marcela Campagnoli para que el Gobierno proporcione información actualizada sobre ludopatía.

Otro aspecto clave del proyecto es que crea un registro nacional de autoexclusión voluntaria, que sirve para que la persona que considera que tiene problemas con el juego pueda autoexcluirse por hasta 24 meses, y los establecimientos y plataformas online deberán hacer cumplir esta prohibición.

La inscripción en este registro vale no solamente para la jurisdicción de la persona en cuestión sino para todo el país a partir de la articulación e interoperabilidad de los registros ya existentes.

Las familias también podrán solicitar la inscripción de un familiar en el registro, la que se hará efectiva solo con el consentimiento voluntario de este.

El proyecto de ley también establece criterios mínimos a seguir por las autoridades locales respecto del funcionamiento de las salas físicas de apuestas en relación a su localización, franjas horarias de apertura, cercanía a cajeros, prohibiciones de estrategias de fidelización de clientes.

Entre otras medidas, se establece la obligación para las salas y plataformas de reproducir mensajes disuasivos y se dispondrán canales públicos de comunicación y asistencia, manuales de comunicación responsable, campañas de concientización y difusión.

El proyecto incorpora exigencias en materia de transparencia a través de un régimen de incompatibilidades para los titulares de las licencias de juegos y de los apostadores, como así también principios para resguardar la seguridad y protección de los datos personales.

Todas estas medidas y condiciones mínimas tienen en el proyecto sanciones de penas y multas frente a su incumplimiento por parte de los titulares y terceros involucrados.