La sanción en la madrugada del martes de la ley impositiva 2019 disparó ayer un fuerte cortocircuito en la relación de María Eugenia Vidal con la Iglesia en el plano social -uno de los leit motiv de su gestión-, a partir de un duro pronunciamiento de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina contra la legalización de las apuestas online en la Provincia, contenida en ese paquete fiscal.

Sin medias tintas, la comisión episcopal -que coordina el padre José María ‘Pepe’ Di Paola, referente de los “curas villeros” y muy cercano al papa Francisco- sermoneó a la mandataria de Cambiemos, al advertir que “la situación social y económica por la que atraviesa la provincia demanda que las atenciones de los barrios más pobres tengan políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de los jóvenes y de la familia, y que no se convierta cada casa en un casino”.

Y apuntó de lleno a Vidal. “Lamentamos el cambio que dio la gobernación provincial en este tema, ya que se había manifestado con convicción en contra del juego, inclusive con acciones concretas y decisiones hacia futuro”, enfatizaron.

Presurosos, desde el entorno de la gobernadora salieron a defender la apuesta de Vidal en pos de que “el juego no crezca en la Provincia” y de “restringir al máximo posible la oferta de juego legal”.

“Creo que les falta información”, leyeron en el entorno de Vidal ante Ámbito Financiero, despegaron al papa Francisco de esa embestida y no ocultaron sus suspicaciones en torno a un fogoneo kirchnerista. Hasta ayer, no estaba previsto un nuevo encuentro de Vidal con referentes de la Iglesia.

“Hay dos bingos cerrados, tres casinos cerrados, decenas de detenidos por juego ilegal y más de $ 50 millones recuperados, también del juego ilegal”, reseñaron, además de recordar que “no se instaló una sola máquina tragamonedas más en la Provincia, ni una agencia de lotería nueva más”.

Sin embargo, argumentaron que “el juego online es una actividad mucho más difícil de controlar y de combatir”. “No está prohibido legalmente, y tampoco tributa impuestos, y eso es muy injusto”, enfatizaron.

Por eso intentaron justificar la flamante regulación del juego online en la provincia, que abrió la puerta -en simultáneo- al aval parlamentario para el cobro en 2019 de un canon (equivalente al del juego no online) y de una alícuota del 15% de Ingresos Brutos sobre el juego online. Con esas dos medidas, la Provincia espera recaudar unos $2.200 millones extra ese año.

En esa línea, remarcaron que buscan “que el juego online también pague impuestos”. “Lo que hacemos es exigirles que paguen impuestos aquellos que hacen usufructo del juego online y hoy no pagan”, puntualizaron.

Y enfatizaron que el Gobierno bonaerense respaldará “sin duda” todo “mecanismo sencillo de control o prohibición”, si surgiera una ingeniería que lo hiciera posible, y que hoy -destacaron- no existe. “Mientras tanto, que paguen impuestos”, arengaron.

Pero el razonamiento es cuestionado por la Iglesia. “No creemos que se justifique esta decisión argumentando que este negocio se da en la clandestinidad; se antepone un objetivo meramente recaudatorio, y legalizan el negocio de unos pocos sin considerar los daños que deja”, dispararon ayer, desde un comunicado.

En la Iglesia lamentan que “este tema de tanta importancia” no haya tenido “la posibilidad de ser discutido por la sociedad, como corresponde, ya que se lo incluyó dentro una ley de carácter más amplio”.

“Como Pastoral de Adicciones, que vivimos y trabajamos en un sector de personas muy vulnerables, vemos con preocupación la falta de diálogo y las consecuencias que lleva la aprobación de esta ley”, remarcaron.

La queja alcanzó además el aval en la Cámara de Diputados bonaerense a una extensión del horario de venta de alcohol en la Costa Atlántica.

“También se privilegia el negocio al cuidado de los jóvenes”, cuestionaron.