Legalización del juego y reapertura de casinos en Brasil

La legalización de los juegos de azar sigue en la agenda de la CCJ. El proyecto de ley (PLS 186/2014), del senador Ciro Nogueira (PP-PI), que autoriza la explotación de "juegos de azar", online o presenciales, en todo el territorio nacional, es el primer punto del orden del día de la reunión prevista a partir de las 10h.

La propuesta que se analiza es un texto alternativo presentado por el ponente, el senador Benedito de Lira (PP-AL). Según el mismo, la acreditación para operar juegos de bingo y videobingo tendrá un plazo de 20 años, renovable por el mismo periodo, y será responsabilidad de los estados. La acreditación para casinos tendrá una vigencia de 30 años, renovable por periodos sucesivos.

Según la propuesta, las empresas autorizadas a operar juegos de azar también deberán cumplir la Ley de Blanqueo de Capitales, lo que les obligará a registrar a los clientes y a informar de las operaciones al Consejo de Control de Actividades Financieras (Coafi).

Votaciones separadas

El PLS 186/2014 recibió dos votos particulares, ambos rechazando la legalización de los juegos de azar en el país. Uno de ellos fue presentado por el senador Magno Malta (PR-ES) y concluye que "no hay razones ni argumentos que demuestren que legalizar la explotación de juegos de azar en Brasil sea la decisión correcta". En su voto, Malta advierte de la especial vulnerabilidad de las personas mayores ante los juegos de azar.

El otro fue redactado por el senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Argumenta que la explotación de juegos de azar fomenta el lavado de dinero; tiene un impacto psicológico y socio-familiar "perjudicial" en el jugador habitual; y no debe producir un aumento de los ingresos fiscales o impulsar el turismo en Brasil.

Si el sustituto del PLS 186/2014 es aprobado, tendrá que ser sometido a una ronda adicional de votación en la CCJ.

Custodia temporal

El orden del día de la reunión de la CCJ incluye otros 27 puntos, entre ellos el PLS 371/2016, del senador Aécio Neves (PSDB-MG), que amplía la custodia provisional en los casos de adopción por un período indefinido, válido hasta que se anuncie la sentencia sobre el caso.

Actualmente, el juez concede la custodia provisional por un plazo fijo. En opinión de Aécio, esto crea dificultades adicionales a las familias adoptantes, que tienen que acudir a los tribunales para renovar la medida hasta que se dicte la sentencia definitiva sobre el caso.