La legalización de 25,000 tragamonedas que operarán fuera de los casinos está un paso más cerca de concretarse luego de que la Compañía de Turismo presentara el documento que establece las reglas de juego para estas máquinas.

De acuerdo con el reglamento —que ahora debe ir a un proceso de vistas públicas— los negocios que tengan estas máquinas de juegos de azar deben cumplir con una serie de requisitos. Las prohibiciones incluyen que no podrá haber más de diez tragamonedas en un establecimiento, no podrán estar ubicadas en la parte de afuera del negocio y no pueden estar a menos de 1,000 metros de un hotel con casino.

Sin embargo, podrán estar a 100 metros o más de otros negocios con tragamonedas, escuelas, iglesias “o congregación que aspire al sosiego espiritual”. A pesar del límite de máquinas por negocio, el reglamento sí permite a un dueño mayorista tener entre 100 y 250 tragamonedas bajo su nombre.

Otra de las disposiciones ordena que “es indispensable que estas máquinas no representen el único ni el mayor ingreso de actividad comercial del establecimiento, por lo que para ser considerado como negocio, deberá contar con otras actividades comerciales a fin de que los ingresos generados por las máquinas sean un complemento y no la fuente principal de ingreso de dicho establecimiento”.

El reglamento —radicado el lunes pasado en Cámara y Senado— establece que los premios para los jugadores tendrán un límite de $1,000. Estos premios pagan un impuesto del 2% al Departamento de Hacienda luego de los primeros $500.

La legalización de las tragamonedas que operan fuera de los casinos fue incluida en la reforma contributiva. Uno de los cambios más significativos es que coloca la supervisión y manejo de estos negocios en manos de la Compañía de Turismo y no del Departamento de Hacienda, como era hasta ahora. El reglamento establece que las máquinas deben operar con un permiso de Turismo, lo que implicaría que los permisos que antes dio Hacienda deben ser cambiados por los nuevos.

El reglamento le otorga a Turismo la potestad de “desviarse” del mismo “cuando su estricto y literal cumplimiento derrote su propósito”.

Los negocios que soliciten permiso para tener estas máquinas deben presentar documentos como evidencia del pago de patente municipal, certificación negativa de deuda con Hacienda, certificación de que han sometido la planilla por los pasados cinco años y certificaciones negativas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y de la Administración para el Sustento de Menores (Asume).

Los dueños mayoristas de estas máquinas deberán pagar una licencia anual de $1,500 por cada máquina, mientras que las licencias de los fabricantes y proveedores de servicios para las tragamonedas pagarán una licencia de $3,000 cada dos años. Además, el reglamento permite imponer multas desde $5,000 a $10,000.

Habrá vistas públicas

La directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, recordó que este reglamento —antes de ser final— irá a un proceso de vistas públicas, “lo cual permitirá obtener insumos y recomendaciones para la optimización del mismo previo a su eventual aprobación”.

“El próximo paso para cumplir con los requisitos que establece la ley es presentar el reglamento operacional y los procesos que han de ser implantados en o antes del 10 de abril del año en curso”, dijo Campos en declaraciones escritas.

En defensa de los casinos

Por su parte, Miguel Vega, presidente del Comité de Casinos de la Asociación de Hoteles y Turismo, criticó el reglamento y puso en duda que este proyecto sea “revenue neutral”, como sugirió la Junta Federal de Control Fiscal. Expresó que los gastos de legalizar estas máquinas no comparan con lo que pagan los casinos.

“Crea un esquema de competencia desleal en donde los requisitos solicitados son mínimos comparados a los casinos tradicionales, incluyendo la falta de cumplimiento con leyes federales de banca, lavado de dinero y verificación de historial personal, familiar y financiero”, afirmó Vega en declaraciones escritas.

“Además, el proceso de colocar las licencias individuales y monitorear la distancia del establecimiento de máquinas no solo es impráctico, sino que obligaría a la División de Juegos de Azar a aumentar sus gastos operacionales”, manifestó.

Su estimado es que lo que gasta un casino en la licencia de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) es 13 veces más de lo que costarán estas máquinas.

“El reglamento permite el pago de premio hasta $1,000, por lo que no cabe la menor duda, y como hemos señalado anteriormente, y sustentado por el reporte de Spectrum, que se canibalizarán los ingresos de los casinos ya que el jugador sabe que puede recibir un premio legal”, puntualizó.