Río de Janeiro acredita apuestas para operar en todo el país eludiendo al Ministerio de Hacienda

El formato definido por la Loterj (Lotería de Río de Janeiro) ha causado malestar en los estados y en el gobierno de Lula (PT). El Ministerio de Hacienda informó a un medio local que está evaluando las medidas a adoptar, pero hasta ahora no ha hecho nada concreto.

El ministerio dirigido por Fernando Haddad está a cargo del proceso de regulación federal del mercado de apuestas. Se trata de un esfuerzo que está en marcha desde el año pasado, ya que el gobierno intenta recaudar ingresos de un mercado multimillonario.

A mediados del año pasado, el gobierno emitió una medida provisional que luego se convirtió en ley, con directrices generales para la acreditación de las casas de apuestas y normas fiscales.

La oferta de sitios de apuestas deportivas está autorizada en Brasil desde 2018, tras una ley aprobada por el Gobierno de Michel Temer (MDB). Desde entonces, los anuncios de apuestas han dominado la televisión en abierto, especialmente durante los partidos de fútbol. Las redes sociales se inundaron de anuncios.

El gobierno de Jair Bolsonaro (PL) tuvo cuatro años para regular el mercado, pero no lo hizo. Como resultado, el número de casas de apuestas dirigidas al público brasileño explotó sin reglas claras de funcionamiento ni supervisión.

Una decisión del STF (Supremo Tribunal Federal) en 2020 impulsó el funcionamiento de las loterías estatales, que también avanzan en el formato de apuestas en línea. Río, que tiene lotería desde 1975, y Paraná son los más avanzados en este tipo de acreditación. Estados como Paraíba y Maranhão también están avanzados.

En 2020, el STF consolidó su entendimiento de que estados y municipios pueden operar loterías, a partir de dos demandas que cuestionaban la exclusividad de la Unión en este servicio. Los pleitos no trataban exclusivamente de apuestas online, sino de modalidades reglamentadas por el gobierno federal - así, la explotación por parte de los estados puede ocurrir desde que se observen los límites establecidos por la legislación federal, que, desde 2018, acoge las apuestas online.

Por tratarse de derechos de entes federales, la territorialidad de las actividades es enfatizada en el voto del relator en el STF, el juez Gilmar Mendes, cuya posición fue seguida por el tribunal. "Me parece correcto inferir que la legislación estadual (o municipal) que establece loterías en sus territorios sólo transmite la competencia material que la Constitución les otorga", dice el voto.

Las cinco empresas acreditadas en Paraná sólo operan en el territorio del estado y mantienen cerraduras de georreferenciación para los usuarios. Sin embargo, este no es el caso de las empresas de Río.

En la actualidad, Apostou.com, Bestbet, Marjosports y Pixbet están acreditadas. Otras tres están en proceso de acreditación: 1XBet, Lema y Laguna. El Estado tiene un plazo para nuevas acreditaciones, que expira a finales de este mes.

Para acreditarse en Río, las empresas pagan una tasa de 5 millones de reales, más porcentajes sobre las apuestas. En el proceso federal, esta cantidad es de 30 millones de reales.

"Loterj mantiene un diálogo con todas las esferas del sector público y privado, así como con los órganos de control, apreciando un ambiente federativo y democrático", dijo la lotería de Río en un comunicado. El organismo está dirigido por el abogado Hazenclever Lopes Cançado, que tiene un historial de trabajo con políticos del PL, el partido del gobernador de Río, Claudio Castro, y también con el expresidente Bolsonaro.

En el aviso público que acreditó a las empresas, Río estipuló que las apuestas solo debían informar que las operaciones de apuestas se realizan en el estado, sin ninguna restricción de geolocalización para los apostadores. La restricción territorial fue eliminada mediante una rectificación del aviso público.

El anuncio se publicó en abril de 2023 y la rectificación tuvo lugar el 26 de julio del año pasado. Un día después de que el gobierno federal emitiera la medida provisional que luego se convirtió en ley.

Río ignoró las preguntas sobre este y otros puntos, incluso de la Caixa Econômica Federal. "Esta rectificación [que eliminó el principio de territorialidad] implica inseguridad jurídica y afrenta la legislación aplicable, que restringe la posibilidad de operar loterías estatales al territorio del respectivo estado", argumentó la Caixa en una solicitud de impugnación de la medida.

En su negativa a aceptar la medida, Loterj argumentó que favorecía el potencial de ingresos. "El Estado, en la forma de Loterj, al rectificar el Aviso Público, observa el principio constitucional de eficiencia (art. 37), que, en este caso, significa obtener la mayor recaudación para el fisco", defendió entonces Loterj. El gobierno preveía una facturación anual de 213 millones de reales con las apuestas deportivas en línea.

Se considera que la posición de Rio tiene el potencial de desestabilizar el mercado en proceso de regulación, provocando disputas legales y una guerra fiscal, según personas implicadas en el proceso dentro del gobierno y también vinculadas a las empresas que solicitan la acreditación. En los últimos meses, el Ministerio de Hacienda ha recibido a representantes de nueve estados que se quejaban de la autorización de Río.

El presidente del Instituto Brasileño de Juego Responsable, André Gelfi, dice que la situación genera aprensión entre las empresas, pero tras la aprobación de la ley, esto pasó a ser algo secundario en el sector.

"La ley pacificó que la autonomía de los estados es estatal. Si hay prácticas que no se ajustan a la ley, cada uno saca sus propias conclusiones. No puedo detallar las implicaciones, pero es algo que viola la ley federal".

"Si los estados y el gobierno federal no se ponen de acuerdo, la situación acabará de nuevo en el Tribunal Supremo", afirma el abogado Caio de Souza Loureiro, que trabaja en esta área en Tozzini Freire Advogados.

Los políticos del grupo centrista han estado presionando al Ministerio de Hacienda para que tenga cierto control sobre los procesos de acreditación de las casas de apuestas. La presión liderada por el presidente de la Cámara, Artur Lira (PL-AL), y el ministro de Deportes, André Fufuca (PP-MA), fue crucial para la dimisión de José Francisco Manssur del Ministerio de Finanzas.

Se apuntaba a que se haría cargo de la nueva secretaría de Apuestas creada en el ministerio. El secretario aún no ha sido nombrado.

Se contactó con Lira y, a través de su asesor, dijo desconocer el asunto. El Ministerio de Deportes indicó que no había habido presiones en relación con cargos o reglamentos.