La investigación se inició en 2023 tras una denuncia enviada al organismo por la entonces Aidiglot (Asociación de Intermediarios de Juegos de Lotería Digitales), ahora Aigaming. En ella se denunciaban supuestas medidas judiciales y administrativas por parte de la Caixa y la Federación Brasileña de Empresas de Lotería (Febralot), caracterizadas, en opinión de la asociación, como un abuso del derecho de petición (sham litigation), una campaña de desprestigio anticompetitiva y una restricción de la competencia.

En una nota técnica redactada por el Cade, se desestimó la acusación de litigio falso, es decir, de presentar demandas ante los tribunales sin fundamento alguno.

Sin embargo, los peritos del organismo entendieron que la investigación apuntaba a «la existencia de fuertes indicios de que Caixa y Febralot estaban, de forma conjunta y coordinada, abusando de sus respectivas facultades reguladoras y de representación sindical para impedir que las unidades de lotería, acreditadas por Caixa y encargadas de registrar los juegos de los apostantes, suscribieran contratos con plataformas de intermediación de juegos de lotería o realizaran de cualquier forma negocios destinados a registrar las apuestas realizadas a través de dichas plataformas.»

Desacreditación

Según el análisis, un ejemplo es la forma en que Caixa y Febralot combaten los sitios "que utilizan Loterías Caixa de forma ilegal", con "la identificación y desacreditación de las Unidades de Loterías que registran apuestas". El análisis realizado revela que estas medidas no tienen una justificación económica válida, de hecho sólo promueven una limitación directa de la competencia y desincentivan la innovación, describe la nota técnica.

"Esta preocupación se ve reforzada y el impacto perjudicial de tales prácticas se demuestra por el hecho de que las demandadas (Caixa y Febralot) no se han limitado a tratar de influir y controlar el comportamiento de las Unidades de Lotería, habiendo enviado cartas a diferentes agentes privados que anunciaron asociaciones con diferentes plataformas de intermediación, lo que incluso habría justificado las solicitudes de rescisión de las asociaciones firmadas."

El documento concluye que existen claras evidencias de práctica anticompetitiva al adoptar "una serie de medidas administrativas/extrajudiciales que tendrían como único objetivo imposibilitar la prestación de servicios de intermediación de loterías."

Febralot también es objeto de la demanda.

El superintendente general del Cade, Alexandre Barreto de Souza, se mostró de acuerdo con la evaluación de los expertos, abrió un procedimiento administrativo y dio a la Caixa y a Febralot un mes para presentar sus defensas.