Las asociaciones Defensa Digital (DEDIT) y Loteros en la Lucha (LELL) mantuvieron una ronda de reuniones con distintos grupos parlamentarios para exponer la delicada situación que atraviesa la red de administraciones de lotería. En estos encuentros, trasladaron las conclusiones del Informe de la Mesa para la Rentabilidad y Digitalización de la Lotería Online, un estudio técnico e independiente que identifica los principales desafíos del sector y propone medidas para asegurar su sostenibilidad.

El informe fue coordinado por Javier Loriente, abogado del Estado en excedencia y socio del despacho ONTIER, quien participó activamente en las reuniones junto a representantes de ambas asociaciones.

En los encuentros participaron diputados de diversas fuerzas políticas, entre ellos Tomás Fernández Ríos (VOX), Félix Alonso Cantorné (Sumar), Noelia Cobo Pérez y Juan Antonio González Gracia (PSOE), así como Silverio Argüelles y Jaime de Olano (Partido Popular), todos ellos integrantes de comisiones vinculadas a consumo, hacienda y transformación digital.

Durante las reuniones, DEDIT y LELL advirtieron sobre dos problemas estructurales que amenazan la viabilidad del sector. Por un lado, señalaron la pérdida de rentabilidad: el precio de la lotería permanece congelado desde 2002 y las comisiones apenas han variado en más de dos décadas, mientras que la inflación y los costos operativos aumentaron cerca de un 60%. Actualmente, la red cuenta con unas 10.500 administraciones, de las cuales 4.500 son integrales y concentran cerca del 80% de la facturación de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), dando empleo a más de 18.000 personas.

Según el informe, la caída de rentabilidad supera el 60% en los últimos 24 años, lo que pone en riesgo la continuidad de miles de puntos de venta, especialmente en municipios pequeños y zonas rurales, donde estas administraciones cumplen un rol económico y social clave.

Por otro lado, las asociaciones destacaron la creciente relevancia del canal online, que ya genera alrededor de 1.500 millones de euros anuales, equivalente al 10% del negocio total. En muchos casos, representa hasta el 30% de la facturación de las administraciones, siendo un factor determinante para su supervivencia.

Sin embargo, alertaron sobre la falta de un marco normativo claro que regule la comercialización digital. En este contexto, manifestaron preocupación por la posibilidad de que SELAE concentre la venta online, lo que podría afectar el fondo de comercio de las administraciones y derivar en un sistema de comisiones poco transparente. Además, la inseguridad jurídica actual dificulta la inversión y la planificación tanto de los puntos de venta como de las empresas tecnológicas vinculadas al sector.