Esta diferencia suscitó cuestionamientos sobre la transparencia y los criterios aplicados en la selección del proveedor, especialmente en lo referente a la participación de Thomas Greg & Sons.

La denuncia pública fue realizada por el concejal Daniel Briceño, que señaló que el proceso licitatorio evidenció una brecha considerable entre las ofertas económicas de los participantes.

Según Briceño, la empresa Dispapeles propuso ejecutar el contrato por 4.700 millones de pesos, mientras que Thomas Greg & Sons presentó una oferta de 8.400 millones de pesos.

El concejal advirtió que esta situación implica un posible sobrecosto para la ciudad de Bogotá y planteó dudas sobre la equidad del proceso, al afirmar que los requisitos de experiencia habrían sido modificados durante la contratación para favorecer a Thomas Greg & Sons.

En respuesta a la oferta más económica de Dispapeles, la Lotería de Bogotá solicitó el 18 de julio una justificación de los precios, calificándolos como “posiblemente artificialmente bajos”.

Aunque la empresa presentó las explicaciones requeridas, el comité evaluador consideró que la justificación carecía de soporte técnico, financiero y económico, y no estaba respaldada por documentos verificables ni relacionada con el comportamiento del mercado de papel bond, actualmente bajo investigación del Ministerio de Industria y Comercio. Como resultado, la propuesta de Dispapeles recibió cero puntos en el factor precio.

El 13 de agosto, mediante la Resolución 112, la Lotería de Bogotá adjudicó el contrato a Thomas Greg & Sons, la oferta de mayor valor.

El concejal Briceño cuestionó esta decisión y solicitó a la Contraloría de Bogotá que investigue si existió un sobrecosto injustificado de casi 4.000 millones de pesos en el proceso.

“Los bogotanos tienen derecho a conocer por qué se prefirió pagar casi 4.000 millones de pesos adicionales en un contrato que pudo haberse ejecutado por mucho menos dinero. Los cambios en las reglas durante el proceso y la descalificación de la oferta más económica por ser ‘muy barata’ son hechos que requieren una investigación exhaustiva”, manifestó Briceño.

Además, instó a la Contraloría a actuar con celeridad y transparencia para determinar las responsabilidades correspondientes.

Por su parte, la Lotería de Bogotá emitió un comunicado en el que explicó los fundamentos de la adjudicación. La entidad recordó que, conforme al artículo 22 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 159 de la Ley 2294 de 2023, el juego de apuestas permanentes o chance solo puede operarse mediante concesión a terceros.

El artículo 25 de la misma ley establece que el juego debe realizarse en formularios preimpresos en papel de seguridad, cuyo suministro corresponde exclusivamente a la entidad concedente, según el Decreto 1068 de 2015.

En cumplimiento de estas disposiciones, la Lotería de Bogotá contrata la impresión de los formularios y los vende al concesionario, obteniendo un porcentaje por la intermediación.

El 18 de junio de 2025, la entidad publicó la Invitación Privada No. 005 de 2025, a la que se presentaron dos empresas. Durante la evaluación, se detectó que una de las ofertas era 40% inferior al valor presentado por la misma empresa en estudios de mercado realizados dos meses antes y 42% menor al contrato vigente.

Ante esta situación, la entidad solicitó explicaciones sobre el precio ofertado, pero determinó que las justificaciones no cumplían con los requisitos técnicos y documentales exigidos.

La Lotería de Bogotá subrayó que su obligación es garantizar un suministro sostenible de formularios de chance, por lo que, aplicando los principios de planeación, selección objetiva, economía y responsabilidad, adjudicó el contrato a la empresa que cumplió con todos los requisitos.

Además, la entidad precisó que los ingresos por la venta del juego de chance se transfieren al sistema de salud, mientras que la Lotería solo recibe el 1% de dichas ventas para cubrir gastos de funcionamiento.

En aras de la transparencia, la Lotería de Bogotá informó que solicitó el acompañamiento de la Contraloría Distrital de Bogotá y sostuvo una mesa técnica con esa entidad el 27 de agosto para exponer los fundamentos de la decisión adoptada.

“La Lotería de Bogotá reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la adecuada gestión contractual, asegurando que cada decisión adoptada tiene como propósito proteger la continuidad de los juegos de suerte y azar, el equilibrio económico contractual y la destinación exclusiva de los recursos a la salud de los colombianos”, concluyó el comunicado.

Tanto la Contraloría de Bogotá como la Personería de Bogotá confirmaron que no han iniciado ningún proceso relacionado con este caso.