La acción, que fue declarada admisible, apunta a eventuales delitos de asociación criminal, operación ilegal de juegos de azar y lavado de activos, en el contexto del funcionamiento de plataformas de apuestas online que, según la empresa estatal, operan al margen del ordenamiento jurídico chileno.

Defensa activa del juego legal y los recursos públicos

Desde la compañía señalaron que la querella busca que el Ministerio Público investigue la eventual responsabilidad penal de personas naturales y jurídicas que, "a través de distintos mecanismos, habrían permitido el funcionamiento de estas plataformas prohibidas por el ordenamiento jurídico chileno".

"La querella se funda, entre otros antecedentes, en reiterados fallos de la Corte Suprema que han establecido que los casinos y casas de apuestas online constituyen una actividad ilícita en Chile, así como en el daño económico y social que estas ocasionan, afectando tanto los ingresos fiscales como a la población en general, especialmente a jóvenes, al no cumplir con estándares mínimos de juego responsable", añadió la estatal.

La presidenta del Directorio de Polla Chilena de Beneficencia, Macarena Carvallo, subrayó el alcance institucional de la medida: “esta querella responde al deber legal y ético que tenemos como empresa de resguardar los recursos públicos y velar porque la actividad de juegos de azar en Chile se desarrolle dentro del ordenamiento jurídico vigente, pues, como sabemos, no estamos frente a una acción inocua, ya que se trata de una actividad que puede ocasionar varios problemas, entre ellos la ludopatía, con un costo social altísimo para nuestro país”.

Foco en los PSP y los flujos financieros

Carvallo explicó que la acción judicial también busca esclarecer el rol de los procesadores de pago en la operatoria de las plataformas digitales: "El funcionamiento de estas plataformas requiere de sistemas de pago que les permitan viabilizar su giro comercial por medio del empleo de tarjetas bancarias de débito o crédito, obtenidas de alguna entidad financiera o bancaria; y operar a través de los denominados PSP para, así, mover flujos de dinero desde y hacia Chile".

En esa línea, agregó: "Es fundamental que se investigue bajo qué esquema se realiza esta actividad con negocios ilegales y si los dineros involucrados provienen de delitos como el lavado de activos o financian actividades del crimen organizado en Chile".

"Nuestro compromiso es con la legalidad, la transparencia y el juego responsable. No podemos normalizar actividades ilegales que operan al margen de la ley y del interés público", concluyó Carvallo.

Con esta iniciativa, la estatal refuerza su posicionamiento como actor clave en la defensa del juego regulado, en un escenario donde la discusión sobre la legalidad de las apuestas online y su impacto fiscal y social continúa marcando la agenda del sector en Chile.