LNB busca asesores legales externos en medio de escándalo

El precio de referencia publicado en Panamá Compra es de $46 mil y, según el pliego de cargos, se contrataría el servicio por unos dos meses. De momento, la compra se encuentra suspendida, pues la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó hacer correctivos a ciertas especificaciones del pliego de cargos tras un reclamo.

La compra fue publicada el 25 de noviembre de 2021. “Es imperativo para la LNB fortalecer, a través de asesoría técnica juridicial especializada... en los procesos ante el Ministerio Público y que tiene como víctima a la entidad, debido a la complejidad de los casos contra la administración pública, específicamente los relacionados al Sorteo del Gordito del Zodiaco y el proceso de devolución”, es parte de lo planteado en el pliego de cargos.

Según las especificaciones técnicas, la asesoría contemplaría 40 horas y se desarrollaría en tres fases: introducción al marco regulatorio, inducción en los procesos de las actuaciones judiciales y el manejo de las plataformas digitales del sistema penal acusatorio.

El pliego también detalla que el propósito es “asesorar y servir de apoyo jurídico especializado para la oficina de asesoría legal”. Según datos de la planilla de la institución, actualizada a octubre de 2021, la Dirección de Asesoría Legal de la LNB cuenta con 12 funcionarios, de los cuales siete ocupan cargos de abogados o asesores.

Reclamo y pausa

En el pliego de cargos, la LNB solicitaba que los abogados encargados de la asesoría contaran con maestrías en derecho penal. El abogado Alejandro Arze presentó un reclamo, el cual fue admitido y resultó en la suspensión de la compra.

Arze argumenta que dicha especificación es “sumamente restrictivo en atención al propósito con el que se celebra el acto público”. Plantea que se trata de una temática procesal, por lo cual profesionales con otras maestrías o especializaciones podrían dotar a la LNB del conocimiento necesario.

La DGCP coincide, pues ordenaron la suspensión del acto público y la aplicación de “medidas correctivas” al pliego de cargo para volver a abrir la licitación a recibir proponentes.