El escándalo que sacude al Grupo Codere por las "inconsistencias" detectadas en las filiales de la compañía en México, Panamá y Colombia pone en riesgo las operaciones de la empresa en toda Latinoamérica. Según pudo saber LPO, los fondos de inversión estadounidenses -Silver Point, Abrams, Contrarian, y M&G- que controlan la multinacional del juego de origen español decidieron intervenir las "áreas conflictivas" y evalúan la conveniencia de seguir atados a una compañía con tantos riesgos de compliance.

Las miradas apuntan a la gestión del español Carlos Villaseca, número dos de la compañía y responsable de la operación de Codere en México. Villaseca fue apartado de sus funciones aunque no será oficialmente desplazado de su cargo hasta que concluyan unas investigaciones que no deberían demorar más de dos semanas y que están siendo realizadas por una empresa auditora externa.

Las áreas de influencia de Villaseca están intervenidas por la dirección financiera corporativa para "garantizar la buena marcha" de los negocios, según pudo saber LPO. Al frente de las filiales quedaron Adolfo Carpena y Ángel Corzo Uceda, actual director financiero (CFO) del grupo.

Ambos son hombres de confianza del argentino Vicente Di Loreto, el director general que fue puesto por los inversores que se hicieron con el control de la compañía tras desplazar a los hermanos Martínez Sampedro, miembros de la familia fundadora. El propio Di Loreto, junto al también argentino Bernardo Chena, está a cargo del Comité de Crisis que fue creado para "la superación de la situación".

Las consecuencias financieras

Codere está atravesando un momento de dificultades tras revelarse irregularidades en el reporte de resultados de contables de México, Panamá y Colombia. Un estudio preliminar arrojó un impacto entre los 13 y los 18 millones de euros sobre los resultados publicados en junio pasado, mientras que la expectativa de ebitda (beneficios brutos de explotación) sufriría un ajuste de unos 20 millones de euros en 2019.

Se trata de un eufemismo para señalar que al menos unos 20 millones de dólares de la caja de la empresa "desaparecieron", se supone en medio del caos administrativo -intencional o no- de la operación en México.

A raíz de esto, la agencia de calificación Standard & Poor's rebajó esta semana la nota crediticia a Codere de B a B- con perspectiva negativa. La agencia incluso señaló que esto podría aportar incertidumbre a la refinanciación de 775 millones de euros en bonos que vencen en noviembre de 2021.

Desafíos en México, Argentina y España

El conflicto desatado en la empresa, que sufrió en las últimas jornadas importantes caídas en Bolsa, suma nuevos problemas a las dificultades que el grupo está atravesando en Latinoamérica. En México, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció recientemente que no concederá nuevas licencias del juego en su sexenio, en lo que fue considerado un gesto a la Iglesia Católica. Además, en la Secretaría de Gobernación, según supo LPO, se está trabajando en endurecer los controles sobre esa industria que aporta unos 1.400 millones de euros al PIB mexicano.

La crisis también complica los planes de Codere en Argentina, donde la empresa podría quedar debilitada en su puja por acceder al negocio de las apuestas online en la populosa provincia de Buenos Aires.

El resultado electoral en Buenos Aires, donde el peronismo podría recuperar el poder de confirmarse la victoria del candidato Axel Kicillof en las primarias, frenó de momento la licitación del negocio que estaba impulsando la gobernadora macrista María Eugenia Vidal. También en España se está incrementando la presión por la regulación del juego y recientemente se produjo una importante movilización en Madrid. 

Los principales partidos políticos prevén en sus plataformas una mayor regulación del sector, que ha vivido un crecimiento exponencial en los últimos años. El Partido Socialista, actualmente en el Gobierno, propone "una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea similar a la de los productos del tabaco", aunque desde el sector señalan que la regulación corresponde a cada Comunidad.