La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 6 años de prisión para él. El representante del Ministerio Público le imputa un delito continuado de estafa al tiempo que le reclama en concepto de responsabilidad civil unos 2 millones de euros.

El acusado, según explica la Fiscalía, regentaba en Madrid desde de 2015 un establecimiento abierto al público dedicado a la comercialización de juegos del Estado bajo la gestión de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Con el ánimo de obtener “beneficio ilícito”,  A. P. I. realizó durante 2018  apuestas masivas bajo la apariencia de validar resguardos de apuestas por cuenta de un grupo “inexistente” de apostantes denominado “Lottovip”.

Lo hacía pese a ser “consciente” de que, “legal y contractualmente”, existe la obligación de cobrar de los jugadores los importes de las apuestas en el mismo momento de producirse la validación de las mismas a través del terminal online y de que, por tanto, estaba prohibida cualquier apuesta diferida o a crédito. De este modo, dejó un descubierto de más de dos millones de euros  “a sabiendas” de que carecía del dinero suficiente para cubrir el importe de todos los resguardos “y obrando con la esperanza de que los resguardos resultasen finalmente premiados con cantidades lo suficientemente elevadas como para saldar su cuenta semanal con SELAE“ con el fin de obtener un enriquecimiento personal.

Así, el acusado resultó beneficiario de premios por un importe total de 125.220,76 euros, habiendo sido transferidas todas las cantidades a su cuenta del BBVA  entre el 13 y el 20 de abril de 2018. Este descubierto fue detectado por el departamento de inspección de SELAE con motivo de dos inspecciones en el citado punto de venta cuando los inspectores comprobaron que el recibo correspondiente a la semana 15/18 por importe de 754.282,39 euros había resultado impagado; y la segunda girada el día 27 de abril, cuando comprobaron que el recibo correspondiente a la semana 16/18 por importe de 1.462.571,23 euros había sido igualmente impagado.

Ambos recibos de explotación de juegos del Estado fueron devueltos al no existir saldo suficiente en la cuenta de operaciones del punto de venta, lo que motivó la clausura del mismo por parte de SELAE. Asimismo, en el periodo comprendido entre el 9 y el 18 de abril de 2018, los también acusados, E. V. G., ex pareja de A. P. I., y J. R. F. P, hermano de éste y empleado suyo en el punto de venta mixto, “actuando en connivencia con él”, cobraron premios de la SELAE de 232.155,85 euros y 143.701,96 euros, respectivamente.