El “negocio” de tragamonedas

Cabe recordar que la nueva ley de tragamonedas surgió en el Congreso como respuesta a la violación de la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar, el Decreto N° 3083/15 y sus resoluciones reglamentarias de Conajzar, que se dio con la rúbrica de la Resolución N° 34/2020. Este último documento estipulaba el censo, catastro y explotación de esas máquinas en comercios no exclusivos de juegos de azar del país, es decir, permitía su uso en despensas, hamburgueserías, barberías y otros locales que están prohibidos desde 1997. Con esta situación, algunos senadores consideraron que se expone a niños, niñas y adolescentes al desarrollo de la adicción a las apuestas (ludopatía) y denunciaron el hecho a la Fiscalía.

El plan de Conajzar, revocado en junio último como consecuencia de la nueva ley de tragamonedas, consistía en contabilizar los tragamonedas del país que no operan en casinos ni salas de juegos de azar, y notificar a los responsables de esos comercios identificados de la Resolución N° 34 y cobrarles el canon mensual.

Para el desarrollo de estas gestiones, Conajzar contrató a la empresa iCrop SA, que por cada máquina cobraba entre G. 300.000 y G. 450.000. Teniendo en cuenta que el compromiso era “legalizar” 50.000 tragamonedas, la expectativa de recaudación era de US$ 2,1 millones al mes, y de ese monto sólo el 30% iría al fisco y el 70% (US$ 1,5 millones), para el privado.

La obligación que el contrato establecía entre el estado y la empresa, cuya accionista es Lucy Sy (ciudadana china taiwanesa), era pagar el canon por cada máquina. El canon debía ser el valor de un jornal mínimo y debía cobrarse hasta tres tragamonedas por comercio, sin que implique un desaliento al uso de tragamonedas ni protección a los menores de edad.