Guarderas en representación de varios medios de comunicación, explicó que estos dos artículos cometen violaciones a los derechos fundamentales como el de desarrollar actividades económicas y de igualdad y de no tener un trato discriminatorio.

“Creo que hay una contradicción por parte del presidente Lasso, por un lado expide una ley de fortalecimiento de la economía familiar en la que determina que la actividad de los pronósticos deportivos es legal y lícita y crea un gravamen, y posteriormente cuando expide el reglamento de Comunicación expide una prohibición a la publicidad de estos pronóstico deportivos”, explicó Guarderas, quien también señaló que la publicidad de los pronósticos deportivos sí se realiza en los medios digitales “que no están regulados por la Ley de Comunicación ni por el reglamento, por lo tanto se da un trato discriminatorio”.

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Por su parte, Francisco Rocha resaltó que la demanda de inconstitucionalidad permitirá que la Corte Constitucional analice sobre qué es un medio de comunicación tradicional y qué es uno alternativo. Dijo que más del 90 % de los medios viven de la publicidad, por lo que una prohibición a que estas empresas pauten puede afectar a su economía. “A través del reglamento y reformas a la ley, el gobierno que llega, ya que todos los medios y periodistas son una piedra en el zapato de quien gobierna, intentan coartar y en este caso asfixiar la economía de los medios”, dijo rocha.

Sobre la demanda respecto a las frecuencias, Rocha explicó que la Constitución determina que las concesiones de las frecuencias de radiodifusión y televisión, deben hacerse a través de concurso, pero actualmente han sido renovadas de forma automática.

“La Constitución nos dice que debe haber un acceso democrátivo e igualitario de todas las personas al espectro radioeléctrico. Pero vemos ahora que aplican un mecanismo excepcional que no está previsto en la ley”, subrayó Guarderas. El jurista dijo que espera que la Corte Constitucional ordene la suspensión de estos artículos, pues ahora hay afectación en las empresas de comunicación legalmente constituidas.