Como argumento principal se destaca que el recaudo de $2,1 Billones por IVA, que presupuesta el Ministerio de Hacienda en estos juegos, es imposible; en las Apuestas en Línea un usuario de estas plataformas realiza un depósito en su cuenta de jugador y con ese mismo monto puede apostar varias veces, alcanzando un promedio de hasta seis veces el valor original depositado. La propuesta del Gobierno, donde estiman apuestas por 35.6 billones para el año 2023, no grava dinero real, sino créditos para participar en los juegos. Los ingresos reales de los operadores, quienes tienen contratos con Coljuegos, fueron de 2,1 billones para el mismo año. Pretender aplicar un Iva que equivaldría al 100% de los recursos que manejan los operadores es completamente inviable.

Desde que los juegos online fueron regulados en Colombia en 2015, su crecimiento ha sido notable, convirtiéndose en un modelo exitoso en América Latina. Según los datos más recientes, las transferencias de derechos de explotación al sistema de salud por parte de los operadores de juegos online pasaron de $3.496 millones en 2017 a $317.977 millones en 2023, con una cifra acumulada en lo que va del 2024 de $181.628 millones. Esto significa que en menos de una década, el aporte de esta modalidad ha crecido un impresionante 914%, contribuyendo significativamente al bienestar social del país.

Actualmente, los operadores de juegos online en Colombia deben cumplir con una estricta regulación fiscal que incluye el pago de derechos de explotación, renta y otros impuestos, así como altos costos operativos relacionados con tecnología, marketing y publicidad.  Del 100% de las Apuestas, el 93% se retorna al jugador, dejando un Margen Bruto real del 7% en promedio, con lo que se deben atender Derechos de Explotación, costos y gastos.  Según la asociación, el modelo financiero no permitiría absorber un impuesto adicional sin afectar gravemente la operación, al punto de hacerla inviable.

“Si se aplica el IVA,  el retorno al jugador se vería reducido del 93% a un 71%-75%, esto haría que los jugadores migren a plataformas ilegales o internacionales que no están sujetas a estas cargas fiscales, lo que incrementaría la informalidad y disminuiría los ingresos del sector», aseguró Juan Carlos Restrepo Presidente de Asojuegos.

Hay que destacar que las plataformas ilegales, que ya representan una competencia desleal para los operadores autorizados, no están sujetas a las mismas normativas fiscales ni a las responsabilidades de juego responsable, lo que les permite ofrecer mejores condiciones a los jugadores sin las restricciones que enfrentan las plataformas legales. Esto pone en desventaja a las empresas que operan bajo la regulación de Coljuegos, el ente encargado de supervisar la industria en el país.

Otro aspecto crucial, según Asojuegos, es el impacto que tendría esta medida en la economía del país. Las empresas operadoras de juegos online en Colombia reinvierten gran parte de los ingresos reales del juego en el desarrollo tecnológico, generación de empleo y publicidad local, lo que contribuye al fortalecimiento de la economía. La introducción del IVA no solo haría inviable estas empresas, sino que también afectaría la competitividad del país, desincentivando la inversión extranjera en el sector.

Además de los impactos económicos, hay una alerta sobre las implicaciones legales de la medida, que podría desequilibrar los contratos de concesión otorgados por Coljuegos, ya que alteraría la ecuación financiera sobre la cual se estructuraron estos acuerdos. Esto podría llevar a la imposibilidad de continuar con las ejecuciones contractuales, afectando gravemente la sostenibilidad de todo el sistema.

En 2023, los juegos online representaron el 23,2% del total de derechos de explotación generados por la industria de juegos de azar en Colombia, lo que equivale a $317.977 millones. Este porcentaje es similar al de otras modalidades importantes como el chance (23,8%) y los juegos localizados (25,0%), lo que demuestra la relevancia de los juegos online dentro de la estructura financiera del sector. Asojuegos insiste en que una alteración negativa en la regulación podría tener un impacto significativo en estos ingresos, que actualmente benefician a la salud y a otras áreas sociales del país.

A pesar de los retos, el gremio reiteró su compromiso con la transparencia fiscal y la lucha contra la ilegalidad en el sector y se muestra dispuesta a participar en mesas de trabajo con el Gobierno Nacional para encontrar soluciones que no perjudiquen la competitividad de los operadores legales ni afecten los ingresos que el sector transfiere a la salud.