El texto fue presentado por el independiente Gilbert Jiménez, junto a Esmeralda Britton, presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), y diputaciones del PUSC, PLN, Nueva República y afines a Zapote.

La iniciativa establece que cualquier lotería que no sea de la JPS sería prohibida.

Tampoco se podrían distribuir bajo la modalidad de sorteos en línea, videoloterías y otras formas de azar (ver recuadro).

La medida busca cerrar portillos a la ilegalidad y garantizar la trazabilidad en el sistema de juego. De acuerdo con la JPS, la lotería ilegal ha generado pérdidas.

“Esas ventanitas están en muchas cuadras y recaudan unos ¢300 mil millones. Esos dineros van a bolsillos privados, muchas veces van fuera del país o incluso se financian de actividades”, señaló Britton.

Además, añadió que “si alguien está haciendo eso (ventas ilegales), se buscará el mecanismo para que pueda regularizarse. En caso de que no lo haga, va a ser sancionado o incluso podría ir a prisión. Hoy por hoy no existe ninguna sanción (sobre el tema) y la Junta no tiene posibilidades de cerrar (dichos establecimientos)”.

“No podemos cerrar”

La presidenta de la JPS señaló que no tienen la posibilidad de cerrar los negocios que venden lotería ilegal. La Junta no es un ente policial, no podemos imponer sanciones. ¡Eso les corresponde a otras entidades públicas! Nosotros podemos hacer trabajos con otras entidades públicas como la Fuerza Pública, municipalidades y, en algunos casos, cerrar puntos (de venta). El problema es que, al día siguiente, vuelven a abrir. Tenemos una ley de hace 50 años con multas de ¢1.000 ”, explicó.

Britton detalló que diariamente la Junta tiene tres sorteos oficiales.

En cambio, los ilegales, que incluyen las famosas panameñas, nica, hondureña, dominicana o New York, por mencionar algunos ejemplos, realizan más de 27 sorteos al día.

Penas

Ahora bien, la propuesta establece una serie de penas a las personas que vendan lotería ilegal.

La persona que venda o comercialice loterías impresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar en cualquiera de sus modalidades que no sean de la JPS se le impondrá una multa que iría de ¢2.311.000 y hasta los ¢4.622.000. Por otra parte, quien explote, administre, opere u organice sistemas de loterías ilegales se le impondrá pena de prisión de dos a seis años.

Dichos delitos serán considerados de acción pública e incluso la Junta tendrá la competencia para querellar, constituirse en parte y actuar como parte civil.

Por Aaron Chinchilla