Los grupos parlamentarios del PP y Vox han atendido al sector del juego en las dos enmiendas conjuntas que han presentado esta semana en las Cortes valencianas para eliminar y reducir algunas restricciones, moratorias y prohibiciones para la renovación de salones y máquinas tragaperras contempladas en la Ley de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana, aprobada en 2020 por el anterior Gobierno de la Generalitat de izquierdas. “Son dos medidas que nos parecen justas”, señala a este periódico Alejandro Landaluce, director general de Cejuego, la asociación empresarial que representa mayoritariamente al sector privado en España, en relación con las enmiendas de los partidos que conforman el actual Consell, presidido por el popular Carlos Mazón. Ambas se han presentado al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, una ley de acompañamiento de los presupuestos que se suele emplear para colocar modificaciones legislativas que afectan a cuestiones muy diversas.

De aprobarse estas dos enmiendas, como se prevé por la mayoría parlamentaria de ambas formaciones, se reducirán las restricciones para lograr autorizaciones de locales y máquinas incluidas en una ley promulgada con motivo del creciente y grave problema de la adicción al juego, detectado en edades cada vez más tempranas. Por ejemplo, los salones de juegos y locales específicos de apuestas podrán renovar sus licencias aunque estén a menos de 850 metros de un centro educativo y además podrán situarse en “espacios vulnerables”, contrariamente a lo que dicta la actual ley. Estos establecimientos y los bingos no tendrán que estar separados un mínimo de 500 metros de distancia entre ellos, otra de las modificaciones incluidas en la primera enmienda a la disposición transitoria segunda de la ley.

La segunda enmienda dice: “Por un periodo máximo de cinco años se establece la suspensión de nuevas autorizaciones de establecimientos de juegos, excluidos a los que se refieren las letras d) y f) del apartado tercero del artículo 45 de esta ley”. Es decir, que se permiten las autorizaciones de los “salones recreativos” (letra d) y de “otros locales habilitados para la instalación de máquinas de juego” (letra f). Se continúa con la suspensión de cinco años desde la entrada en vigor de la ley de nuevas autorizaciones de explotación de “máquinas de tipo b o recreativas con premio”, las conocidas popularmente como tragaperras, pero se incluye una salvedad sobre aquellas “máquina averiadas u obsoletas” que podrán ser sustituidas por una nueva durante su periodo de vigencia.

En definitiva, se modifica una ley que pone coto al juego privado en los locales y que fue acusada de ser “muy restrictiva” y recurrida por varias asociaciones del sector. Alejandro Mendiluce recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha cuestionado la norma. El TSJ ha elevado una consulta al Tribunal de Justicia Europeo sobre si las restricciones de distancia y ubicación incluidas son compatibles con la legislación europea, en sus tratados sobre la libertad de empresas. También alude a que la norma ya dispone de medidas menos restrictivas pero “efectivas” para proteger a los consumidores y plantea la posible “discriminación” de los locales privados con respecto a los de loterías del Estado, quinielas y apuestas deportivas o de la ONCE, no sujetos a las mismas restricciones al no ser competencia de la Generalitat.

Nuria Ciscar, la diputada autonómica del PP que está llevando la tramitación del proyecto de Ley de Medidas Fiscales, junto con Juan Zaplana, explica que las enmiendas se han confeccionado después de reunirse con “asociaciones del sector y con los trabajadores” y tras el pronunciamiento del TSJ. “La normativa es excesivamente restrictiva y aboca al sector a numerosos despidos o al cierre. La ley ya tiene suficientes controles, como dice el propio TSJ. Además, la Administración debería indemnizar a las empresas con toda probabilidad. La protección del menor y de la salud es una prioridad, pero creemos que está garantizada por las medidas de control”.

El director general de la patronal de Cejuego sostiene que desde que se promulgó la ley se han cerrado 42 salones de juego de los cerca de medio millar que hay en la Comunidad Valenciana y estima que la indemnización a las empresas ante una sentencia favorable se elevaría a unos 350 millones de euros. Las enmiendas del PP y Vox a la ley “más restrictiva” de España son “un reconocimiento a una realidad”, afirma.

Fidel Molina, presidente de SOS Hostelería, asegura al respeto “Los cambios en la ley propuestos matizan algunos de los aspectos más ideológicos de la ley que afectaban al empleo, así como reducían la capacidad recaudatoria de la Generalitat. No es ni mucho menos lo que el sector querría, pero sin tocar el espíritu de la ley son cambios que evitan daños tanto a la administración como a las empresas y sus trabajadores”.

Críticas de la oposición

No obstante, el portavoz socialista de Hacienda en las Cortes, Jose Muñoz, considera que las modificaciones suponen “un retroceso en una norma pionera en España y que ha servido como ejemplo para otras comunidades”. Muñoz critica que la derecha “se sitúe con los grandes operadores del juego” y “deje desprotegidos a los jóvenes” ante “el grave problema que existe en nuestro país de adicción al juego”. Muñoz ha recordado que la ludopatía es ya “un problema de salud pública” y ha lamentado que el Consell “vaya a fomentarla echando atrás una norma valiente”. “El Consell de Mazón quiere dar barra libre a los grandes operadores del juego para abrir casas de apuestas y que volvamos a un modelo con máquinas tragaperras y casas de apuestas en las puertas de los colegios de nuestros hijos, en las puertas de los centros de rehabilitación de ludopatía”, insiste Muñoz.

El portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, considera que “los grandes perdedores serán los barrios y pueblos valencianos, que verán como aparecen como setas nuevas locales de apuestas y juego”. “Mientras los últimos años desde el gobierno valenciano luchamos contra la adicción al juego y la ludopatía, PP y Vox hacen marcha atrás y ponen el negocio por delante de la salud”. Baldoví también critica las enmiendas que derogan la disposición transitoria por la que el anterior gobierno subió el tipo aplicable en el impuesto de patrimonio a las rentas de más de 10 millones de euros, del 3,5% al 3,75%. “Con estas propuestas de PP y Vox ganan los millonarios, puesto que se les regala dinero a través del impuesto de patrimonio. Un regalo sobre todo para el 0,2% de valencianos”.