Una de las principales diferencias entre los representantes de mayoría Néstor Alonso Vega y Antonio Soto giraba en torno a en qué locales se autorizaría la presencia de terminales para que se hicieran apuestas. Según Soto, el lenguaje de la medida resultaba demasiado amplio y permitía que se colocaran puntos de venta en colmados, gasolineras y hasta barberías.

El acuerdo alcanzado se reseña en el entirillado del Proyecto de la Cámara 2038, radicado ayer. Soto preside la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y Alonso Vega la Comisión de Turismo y Bienestar Social.

Con una enmienda introducida al proyecto, se dispone que la nueva Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico podrá autorizar licencias de puntos de venta en lugares no contemplados específicamente en el proyecto, pero que tendrían que cumplir con un plan de negocios. El Nuevo Día supo que la intención detrás de ese lenguaje es limitar los locales autorizados a aquellos que puedan cumplir con parámetros de seguridad y que tengan capacidad financiera.

De hecho, también se incluye lenguaje que evitaría que la nueva comisión autorice, con enmiendas a su reglamento, que todo un sector de comerciantes, como pueden ser colmados y gasolineras, sirvan como punto de venta. También dispone que ningún punto de venta podrá estar ubicado a menos de 100 metros de una escuela, centro religioso o instalación pública o privada de rehabilitación de adictos.

En cuanto a los costos de las licencias, no se fijan montos específicos, dejando eso en manos de la reglamentación de la comisión, aunque se establecen cantidades mínimas: $50,000 para operadores principales y $2,500 para puntos de venta.

Sobre recaudos, se establece un impuesto de 7% sobre apuestas presenciales y de 12% en apuestas por internet. Se dispone que la distribución de los ingresos comenzará por cubrir los gastos operacionales de la comisión y el restante disponible se dividirá en 50% para pensiones de servidores públicos, 15% para gastos operacionales de la Policía, 10% para mejoras permanentes de los municipios y 10% para el Departamento de Recreación y Deportes (DRD). Esa tajada del DRD se dividirá en 3% para instituciones sin fines de lucro que se dediquen a la promoción del deporte olímpico, 2% para organizaciones sin fines de lucro que se dediquen al desarrollo del deporte para paralímpico y 5% para que la Comisión Conjunta de Donativos Legislativos lo reparte entre organizaciones sin fines de lucro que se dediquen a la promoción del deporte.

Otro 10% irá dirigido al fondo de Cuentas Mi Futuro y 5% para programas para combatir la adicción a apuestas de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción.

La nueva Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico agrupará el andamiaje ahora establecido en la Administración de la industria del Deporte Hípico, la División de Juegos de Azar de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y el andamiaje el marco legal para regular y fiscalizar la nueva industria de apuestas en eventos deportivos y en competencias de juegos electrónicos. Esta nueva comisión será dirigida por un comisionado nombrado a un término de 10 años y una junta de siete integrantes, incluyendo a tres del sector privado, uno más que la propuesta original.

Esta junta, a su vez, también tendrá una junta asesora de siete integrantes.

Con enmiendas al proyecto se crean dos licencias: el de operador, que será una entidad capaz de manejar tanto apuestas presenciales como por internet y las de puntos de venta o satélite. Bajo la primera categoría se ubicarán casinos e hipódromos y bajo la segunda estarán las galleras, agencias hípicas y paradores.

Los cambios introducidos al proyecto aumentan las cuantías de las multas que podrá imponer la nueva comisión por diversas violaciones y se fijan como mínimo de $10,000 por una primera violación, cuando el mínimo inicial era de $5,000. Las cuantías continúan aumentando hasta un mínimo de $25,000.

Otro cambio dispone que la comisión tendrá que confeccionar una lista de todas las personas, sean naturales o jurídicas a quienes se les prohibirá obtener cualquier tipo de licencia a ser otorgada o participar en apuestas deportivas.

También se prohíbe, con enmiendas, competencias deportivas aficionadas y escolares.