El reciente Decreto 0240 del Gobierno Nacional, que introduce nuevos impuestos, ha generado preocupación en distintos sectores económicos, especialmente en la industria de los juegos de suerte y azar.

Para Evert Montero Cárdenas, presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), el problema no radica en pagar más impuestos, sino en que estos estén diseñados “con criterios técnicos y nada acordes con la realidad económica de la industria”.

En conversación con Portafolio, el dirigente gremial advirtió que decisiones tributarias mal estructuradas podrían terminar debilitando al mercado legal y favoreciendo el crecimiento de la ilegalidad en el sector ad-portas del Mundial de Fútbol.   

El sector ha cuestionado el nuevo esquema tributario, ¿cuál es la principal preocupación? 

Lo único que pedimos es que los impuestos estén bien diseñados, de acuerdo con la mecánica de los juegos y con el modelo económico del sector. La tributación debe construirse desde criterios técnicos, no desde apreciaciones políticas o cifras distorsionadas. 

Cuando un impuesto se construye sobre bases equivocadas, termina afectando al mercado legal. Y cuando eso pasa, el que gana es el ilegal. Esta actividad no se va a acabar, le guste o no a quienes tienen juicios de valor sobre ella, seguirá existiendo. Mientras haya un computador o un celular, habrá formas de apostar. 

¿Qué problemas técnicos identifican en el decreto? 

El decreto establece un impuesto nacional al consumo del 16% para los operadores de juegos por internet. El problema es que fija como hecho generador el depósito que hace el usuario en su cuenta, pero al mismo tiempo señala como base gravable el GGR.  Hay que precisar que el GGR (Gross Gaming Revenue) es el ingreso real del operador: las apuestas realizadas menos los premios pagados. 

Mezclar el depósito con el GGR introduce una tensión técnica que genera incertidumbre jurídica y operativa para el sector. Además, cuando uno revisa el paquete completo de decretos, aparecen inconsistencias adicionales.  

¿Cuál puede ser el impacto para el mercado? 

Cuando se grava mal al operador autorizado, el Estado no gana. El que gana es el ilegal. Hoy los ilegales están felices. Cuando crece la ilegalidad se pierde el recaudo fiscal, se pierde el control, se pierde la protección de los usuarios y desaparece la trazabilidad de los recursos. Tampoco hay empleo formal ni responsabilidad empresarial. 

En la región también hay debates regulatorios, como en Brasil. ¿Eso puede influir en Colombia? 

Brasil es hoy uno de los mercados más atractivos de América Latina para las apuestas online. Sin embargo, también enfrenta problemas de sobrerregulación. Según las discusiones que se han dado en el propio mercado brasileño, la ilegalidad supera el 50%. 

Colombia ha sido en muchos sentidos un laboratorio regulatorio para la región. Por eso es importante que las decisiones se tomen con base en datos reales.

Justamente se han mencionado cifras muy altas sobre el tamaño del mercado. ¿Son correctas? 

Depende de cómo se interpreten. Hace poco vi un artículo que hablaba de cifras cercanas a $45 billones den apuestas online. Esa forma de mirar el dato genera confusión. En realidad, los depósitos de los usuarios en el sector rondan los $7,5 billones. 

La diferencia hasta los $45 billones corresponden al mismo dinero que se vuelve a jugar muchas veces; no es dinero nuevo. De esos depósitos, el ingreso real de los operadores, es decir, el GGR, es aproximadamente $2,9 billones. Y después de pagar impuestos, costos operativos, tecnología, publicidad y funcionamiento, el margen final del negocio ronda apenas el 3%. 

Es un sector de volumen, con márgenes muy estrechos. Por eso, cuando se diseñan impuestos sobre cifras distorsionadas, se afecta la sostenibilidad de la industria.    

Se viene el Mundial de Fútbol, un evento que suele disparar las apuestas. ¿Cuál es el reto? 

Sin duda, el Mundial de fútbol incrementa significativamente la actividad en el sector de apuestas. Sin embargo, cuando a ese escenario se le suma una mayor carga regulatoria, se puede generar la tormenta perfecta para que muchos usuarios terminen migrando hacia plataformas ilegales. Históricamente, este tipo de eventos deportivos aumenta el volumen de apuestas, pero también eleva los riesgos. 

En este mercado no solo participan las empresas; los jugadores también pueden obtener premios importantes cuando aciertan sus pronósticos. Se trata de un negocio de riesgo en el que los operadores legales actuamos como intermediarios entre el apostador y el resultado del evento deportivo. No obstante, además de gestionar ese riesgo propio de la actividad, también debemos competir con la oferta ilegal. 

¿Cómo están hoy las empresas del sector? 

La preocupación es alta. Los empresarios sienten que cada semana enfrentan nuevas decisiones que afectan al sector sin un diálogo técnico previo. 

La industria legal del juego en Colombia es una de las más reguladas que existen. Cumplimos con requisitos de trazabilidad, controles para el juego responsable y mecanismos de protección al usuario.  

¿Cuál es el mensaje para el Gobierno? 

El mensaje es sencillo, sentémonos en una mesa técnica y busquemos soluciones. Si hay que aportar más, estamos dispuestos a discutirlo, pero necesitamos un indicador de sostenibilidad que permita al sector seguir siendo competitivo. Porque si se afecta al operador legal, se termina favoreciendo al ilegal. Y eso no le conviene ni al Estado ni al país. 

Además, la falta de estabilidad jurídica está afectando la inversión. Ya hay empresas internacionales que han decidido salir del país porque no ven condiciones claras de sostenibilidad. 

No se trata de evitar impuestos. Se trata de diseñarlos bien para que el sector pueda seguir operando y aportando a la economía. 

JOHANA LORDUY