El Gobierno expidió el Decreto 0175 que hizo real el temor de las empresas operadoras de apuestas online: cargar con IVA los montos depositados por los usuarios; esto con el ánimo de canalizar recursos para atender la situación en el Catatumbo.

En el documento se lee que, como no hay un monto mínimo de apuesta, la fórmula para el gravamen será la siguiente: “el pago en efectivo –o las transferencias de dinero que realice el apostador desde su cuenta de usuario y a favor del operador de juegos de suerte y azar, operados exclusivamente por internet– será dividido por 1,19”.

Las empresas del gremio reaccionaron y señalaron varios riesgos que sobrevienen al sector con esta nueva carga tributaria. Entre esos, el posible desplazamiento de los apostadores hacia plataformas ilegales y hasta la paralización de operaciones.

Advierten que, para muchas, la operación sería inviable porque la presión fiscal implica que solo tendrán acceso a 29% de los ingresos que registran y habría una potencial afectación en el recaudo que espera el mismo Gobierno, dado que el desincentivo a las apuestas formales lastrará a un segmento que, desde 2017, ha transferido, por concepto de los derechos de explotación, $1,1 billones para el sistema de salud.

Fecoljuegos, gremio que representa a estas compañías, hizo notar que los tiempos para aplicar el mandato del Gobierno son insuficientes; La industria requiere ajustes en los sistemas de cobro, facturación y reporte de impuestos, algo que demanda inversión y coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian.

“El decreto establece solo cinco días hábiles para la implementación del IVA y este plazo es completamente inviable porque se deben desarrollar e integrar los sistemas”, detalló Evert Montero, presidente de la citada agremiación.

Tal como lo señaló, “sin un periodo de transición adecuado, la norma es imposible de aplicar”. Además enfatizó en que “la certificación de los cambios tecnológicos es un obstáculo adicional porque Coljuegos solo tiene cinco laboratorios acreditados en el mundo para realizar la certificación y estos laboratorios no solo atienden a Colombia sino a otros países de la región, lo que retrasa el proceso de validación”.

Desde su óptica, “sin certificaciones a tiempo, el sector enfrenta bloqueos operativos y una posible parálisis de sus actividades”. Bajo ese escenario, el desempeño comercial de las empresas, probablemente, puede decaer, lo que se traduciría en la menor facturación estimada, y por ende, en un menor recaudo para el Estado.

En menos de una década, los juegos online ya ponen 23,2% del aporte que la industria general de apuestas realiza vía derechos de explotación, solamente superados por los renglones de localizados (casinos, máquinas tragamonedas y bingos, entre otros) y chance.