Son bienvenidas las medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda para mitigar la adicción al juego online y el endeudamiento, dos de las preocupaciones surgidas desde que este deporte fue aprobado por el Congreso y sancionado por el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a finales del año pasado. La legalización fue indudablemente positiva.

No tiene sentido mantener una prohibición hipócrita si las apuestas están en todas partes, incluso en las camisetas de los grandes equipos de fútbol. Habiendo existido durante años, no contribuían al país porque no recaudaban impuestos. Aunque positiva, la regularización no está exenta de dificultades. El mayor es el riesgo de adicción y ruina financiera.

Los minoristas, desconcertados por el estancamiento o la caída de las ventas en un momento en que el mercado laboral está en auge, contrataron a una consultora para que examinara las posibles causas. Una de las conclusiones fue que, en las clases C y D, las cantidades gastadas en apuestas se están desviando de partes del presupuesto antes destinadas al consumo o al ahorro.

En 2023, las apuestas generaron entre 12.500 y 20.830 millones de dólares. Este año, se estima que la cifra alcanzará los 23.530 millones de dólares. El desajuste entre el aumento de la renta familiar y la caída o estancamiento de las ventas en segmentos como la moda, los muebles y los artículos personales y para el hogar no solo es malo para las empresas. Podría ser un signo de dependencia.

Las ordenanzas del Ministerio de Hacienda publicadas la semana pasada intentan atajar el problema. Las casas de apuestas tendrán que vigilar el comportamiento de los usuarios y podrán suspender el uso de la plataforma si es necesario. Para ello, tendrán que disponer de herramientas analíticas y metodologías para evaluar el perfil de los apostantes y los riesgos de interrupción. En el momento del registro, tendrán que facilitar información sobre los riesgos, no sólo de adicción, sino también de pérdida de dinero.

La nueva normativa regula la publicidad y las estrategias de captación de clientes. Un punto clave es el veto a la publicidad que presente el juego como "socialmente atractivo" o que contenga declaraciones de famosos o personas influyentes que sugieran que el juego "contribuye al éxito personal o social o mejora las condiciones financieras". Las empresas tendrán que utilizar un lenguaje claro, respetando la protección de los menores de 18 años y los grupos vulnerables. Según la normativa, las empresas de apuestas serán legalmente responsables de la publicidad de sus afiliados y estarán sujetas a la inspección de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), vinculada al Ministerio de Hacienda.

Es esencial que el Estado vele por que el juego no sea excesivo, regulando la publicidad, protegiendo a niños y adolescentes y vigilando daños como la adicción y el endeudamiento. Además, los organismos de control e inspección deberán estar vigilantes para frenar delitos como el blanqueo de dinero, el fraude y la evasión fiscal en un sector en el que circulan grandes sumas de dinero.